Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Unión Europea trabaja en un nuevo reglamento de protección de datos que sustituya a la directiva vigente, con el objetivo de defender el derecho a la intimidad y privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, la futura normativa podría suponer una grave amenaza para el trabajo y la investigación en Salud Pública si no se incorporan las medidas pertinentes, según ha quedado de manifiesto en una jornada organizada por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), con la colaboración de la OMC.
Esteve Fernández, presidente de la SEE; y Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.
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Jesús Rubí, miembro de la Agencia de Protección de Datos, ha explicado que los datos sanitarios pertenecen a la esfera más íntima de protección de la persona y, por tanto, merecen su derecho a la intimidad. En la actualidad, surgen problemas derivados de la explotación y la comercialización de datos de los usuarios de la sanidad pública y refleja la implementación de las tecnologías ‘big data’ en el ámbito sanitario.
Esta herramienta debe ir acompañada de la “anonimización de los datos relacionados con la salud”, puesto que existen medios con los que a partir de datos no personales se puede identificar una persona, ha afirmado. Rubí ha hecho hincapié en que hay que encontrar un fundamento que legitime el análisis de datos personales de salud a gran escala porque, se abre la puerta a usos no deseados de esta información y deja al paciente en una situación de vulnerabilidad.
Rubí ha indicado que es imprescindible asegurar el refuerzo de las garantías técnicas y medios administrativos y jurídicos para evitar la reidentificación del paciente y que haya una “disociación de los datos individuales”.
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