Ricardo Martínez Platel. Madrid
La Comisión de Economía y Competitividad del Senado ha aprobado el proyecto de ley que actualiza el baremo de las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico y que incrementa estas ayudas hasta en un 50 por ciento en el caso de fallecimiento.
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Ana María Torme, portavoz del PP.
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Esta normativa, que entrará en vigor el 1 de enero del próximo año, ha contado con cuatro años de negociación entre las asociaciones de víctimas y las aseguradoras, así como otras partes implicadas. Sin embargo, el texto se ha olvidado del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria, o más bien, lo reduce a una disposición adicional que deja la puerta abierta a que esta ley sirva de referencia a una futura regulación del mismo.
Cuando parecía que el proyecto vería la luz antes de que finalizase la legislatura, el departamento de Justicia paralizó el documento porque pretendía plantear puntualizaciones, circunstancia que con la reforma del Código Penal quedó en un segundo plano, ralentizando los plazos. El objetivo era que se convirtiera en una medida que garantizase la seguridad jurídica y estableciese criterios de igualdad basados en aspectos técnicos y científicos, a partir de unas escalas pensadas para cada patología, que recogerían una puntuación en función de la gravedad y las secuelas.
El nuevo baremo de tráfico, según el Gobierno y el PP, incrementa la protección de las víctimas y establece un sistema activo, actualizado y adaptado a la realidad que, además, permitirá agilizar la justicia al impulsar la mediación y las resoluciones extrajudiciales para las reclamaciones de los perjudicados.
También incrementa las indemnizaciones. Así, por la muerte de un padre de familia con ingresos netos anuales de 38.000 euros, que deje viuda y tres hijos menores de 12 años, la prestación pasará de los 335.519 euros actuales a los 671.480 euros con el nuevo baremo. Mientras, una profesional con una renta superior a los 60.000 euros anuales que sufriera la amputación parcial de una pierna en un siniestro de tráfico duplicaría la actual indemnización que recibiría, al pasar de 350.000 euros a un máximo de 750.000 euros.
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