A lo largo de 2018 Promede (Profesionales de la Medicina y el Derecho) ha abierto
1.748 nuevos expedientes, sobre los cuales se han emitido a día de hoy un total de 1.879 informes. En ellos se concluye un porcentaje de “normo-praxis” en el 80,25 por ciento de los casos, mala praxis en un 16,73 por ciento y resultado no concluyente 3,02 por ciento.
De los informes, más del 86 por ciento corresponde a
informes de responsabilidad sanitaria, destacando como
especialidades más frecuentes
Cirugía Ortopédica y Traumatología (21,73 por ciento),
Ginecología y Obstetricia (11,3 por ciento) y
Cirugía General y del Aparato Digestivo (9,44).
Por otro lado, en cuanto a los informes relativos a la valoración del
daño corporal derivado de Responsabilidad Sanitaria (RSVDC), de los que se han hecho más de 200 en 2018, el estudio arroja la siguiente clasificación por especialidades: Cirugía ortopédica y Traumatología tienen 65 informes,
Ginecología y Obstetricia, 33; Odontología, 23; Oftalmología tiene 17; Urología suma 16; Cirugía general y del aparato digestivo 14; Urgencias tiene 13; Medicina interna llega a los 11 y el resto de especialidades no llegan a la decena.
Responsabilidad sanitaria
En este sentido, es preciso destacar la problemática actual en relación con la
valoración del daño corporal derivado de Responsabilidad Sanitaria, enfocada principalmente desde estos 4 prismas:
Escasez de peritos: la disminución de la oferta formativa y de nuevos peritos especializados en Valoración del Daño corporal supone una carencia de profesionales en este ámbito.
Complejidad: los casos derivados de responsabilidad profesional son, con gran frecuencia, casos complejos y de gran cuantía comparados con otros informes de valoración del daño, como los debidos a accidentes de tráficos y caídas.
Nueva Ley 35/2015: la complejidad y el tiempo de trabajo de las valoraciones de lesionados con secuelas limitantes aumenta exponencialmente con la nueva ley.
Además, y cada vez con más frecuencia se solicita la
cuantificación económica de los informes, lo cual supone, evidentemente, un aumento del tiempo del perito y un trabajo que históricamente hacían los letrados/tramitadores y que ya no son capaces de hacer en base a los puntos previos.
Por último, el balance anual de Promede hace referencia al servicio de
resolución extrajudicial de conflictos, un área de trabajo que se está intensificando, con un total de 85 expedientes de los cuales, a día de hoy, se han cerrado un total de 71.
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