La directora general de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
Beatriz Domínguez-Gil, augura un posible rechazo por parte de la
sociedad holandesa de su
nueva ley de trasplantes al poder considerar que el Estado está "
fiscalizando los órganos" de sus ciudadanos. "Hay que ver cómo van a aplicar esta legislación. Puede generar un rechazo por parte de la ciudadanía", ha argumentado Domínguez-Gil a
Redacción Médica reseñando la problemática que supone la puesta en marcha de lo que ha considerado una
"solución mágica".
Siendo
España un país líder en
donaciones de órganos, es imprescindible conocer la opinión de los directivos de la ONT sobre la nueva legislación holandesa. Domínguez, además de recordar que la
ley española es muy similar (puesto que todos los ciudadanos son donantes potenciales con consentimiento presunto), afirma que en España se trabaja desde la
formación y concienciación puesto que este tipo de "soluciones mágicas" pueden acarrear problemas en su aplicación. Hay que recordar que Holanda aplica esta ley para
intentar aumentar el número de donantes de sus listas, que son muy bajos con respecto a otros países del entorno.
"Puede tener una gran aceptación por parte de la sociedad holandesa o
puede generar un rechazo puesto que se puede considerar que el Estado está instrumentalizando los órganos de sus ciudadanos", apunta la directora general recordando que será el tiempo quién dictamine si funciona o no esta ley.
Además, Domínguez-Gil explica que
no existe ningún precedente mundial que refleje que las donaciones aumenten con el cambio legislativo. En España, líderes en donaciones, no se ha vivido ningún un cambio con las modificaciones que ha tenido la ley del 1979 sino que
se ha ido avanzando "con trabajo y abogando por la labor educativa".
Educación y diálogo con las familias
Como en España se tiene muy en cuenta a la familia, desde la ONT
apuestan por el debate y que
se tenga conocimiento de la disposición de cualquier familiar a ser donante de órganos. Respecto a la premisa de que se presupone que dichos
familiares van a respetar la voluntad del fallecido, la directora general se apoya en datos y recuerda que l
as tasas de consentimiento de familiares en 2017 alcanzaron el 87 por ciento. "La cifra más alta jamás registrada", ha concluido.
En el caso hipotético de que una persona fallezca sin que se le conozcan familiares y pueda donar sus órganos,
los facultativos deben de recurrir al juez para decidir si proceder o no. "Somos muy garantistas en este sentido", ha apuntado Domínguez-Gil que asegura que
este tipo de casos son "muy infrecuentes".
Respecto a la necesidad del respaldo familiar, la directora general concluye reconociendo que n
o sería necesario por la ley de 1979 "pero se hace".
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