Doce años de cárcel para el agresor de un médico: "Ha perdido un órgano"

El último caso de agresiones a sanitarios denunciado por el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria (CMC) ha hecho que la propia institución haya solicitado una pena máxima de 12 años de prisión para la persona agresora. Se trata de un caso en el que el especialista agredido ha sufrido lesiones “muy graves” como la pérdida de un órgano. Pero la postura del CMC ante el suceso no ha quedado solamente ahí, pues según los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Cantabria, a preguntas de este diario, han recalcado que “el médico debe ser consciente de que, si no hay denuncia ante el juzgado o comisaría, la agresión, desde el punto de vista judicial, no ha existido”. Es por ello que, en una conversación con Redacción Médica, el secretario del CMC, José Pallás, ha hecho un llamamiento a todo el colectivo sanitario para que, ante cualquier tipo de agresión, denuncie para evitar su blanqueamiento: “Nuestro interés es evitar que se banalicen las violencias físicas o verbales que sufren los médicos en su ejercicio profesional”.

Y es que Pallás ha recordado que la pena que ha pedido el órgano es de nueve años por el atentado y lesiones agravadas al especialista, y otros tres por el atentado y lesiones al celador, pues el ataque no se produjo a un profesional de la sanidad, sino a dos, a un médicos y a un celador. “Hay que tener en cuenta que, en el caso del médico, no estamos ante un ‘delito normal de lesiones’, sino ante un delito de lesiones muy graves con pérdida o inutilidad de un órgano principal”, ha recalcado, incidiendo en que dichas agresiones conllevan un castigo de entre seis y doce años de prisión. Pallás ha enfatizado en que los agredidos son profesionales sanitarios del Servicio Cántabro de Salud (SCS) que estaban ejerciendo sus labores cuando fueron atacados, por lo que el Colegio de Médicos ha solicitado la pena en su mitad superior.

“Como Colegio de Médicos vamos a hacer uso de la función de defensa de la profesión médica que tenemos encomendada y, en especial, vamos a cumplir con el compromiso con los colegiados de defenderles en caso de ser agredidos por causa de su ejercicio profesional”, ha argumentado Pallás. Además, el especialista ha recalcado que su acusación cuenta con una “clara base fáctica” que la sustenta. Por un lado, ha explicado, están las testificales sobre cómo se produce la agresión a los sanitarios y, por otro lado, están los informes del médico forense sobre las lesiones sufridas por los agredidos y la gravedad de las mismas. “Por suerte, en su día se reformó el código penal para que se considerasen atentados las agresiones al personal sanitario, y hoy, la doctrina de los tribunales sobre este aspecto es pacífica”, ha reivindicado Pallás.

Aumento de agresiones a sanitarios

En la última década, las agresiones al personal sanitario en general han ido en aumento progresivamente, tal y como han asegurado desde los servicios jurídicos del Colegio de Médicos de Cantabria. La pandemia originada por el Covid-19, por ejemplo, ha generado tensión y estrés en la población, que ha “descargado su frustración en el personal sanitario”. También la falta de recursos que ha padecido el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha derivado, según el CMC, una “mayor presión” sobre los profesionales de la sanidad, padeciendo cada vez más agresiones tanto físicas como verbales. “Los pacientes y sus familiares pueden no entender las limitaciones y presiones que enfrentan los trabajadores sanitarios y pueden tener expectativas poco realistas, generando conflicto y tensión en la relación médico-paciente”, han apostillado.

Ante esa situación, tal y como prosiguen, colocar cámaras de seguridad en los centros de salud puede considerarse una medida “disuasoria”, aunque auguran que “no es la solución”. “Es una medida más que se puede implementar, pero, ante cualquier agresión física o verbal, lo más importante es que el médico denuncie. Actualmente, el facultativo es considerado como autoridad pública. Eso significa que, según el tipo de delito, puede conllevar penas de hasta cuatro años de prisión”, han explicado desde el colegio. Y es que la importancia de denunciar estas situaciones no reside únicamente en las facilidades que ello supone en la identificación de los agresores para imponerles las medidas sancionadoras necesarias, sino que también juega un papel “preventivo”. “Permite tomar medidas para proteger a los trabajadores sanitarios, garantizando su seguridad en el lugar de trabajo y evitando que se vuelvan a producir este tipo de situaciones”, han asegurado desde el órgano colegial.