La asociación
Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscal Superior de Castilla y León la figura del
interlocutor policial sanitario por delitos de “
intimidación y represión”. De este modo, rechaza esta iniciativa con la que se pretende reducir agresiones a sanitarios al entender que trata a los pacientes como “
auténticos terroristas”.
De este modo, ha recriminado que la iniciativa creada por el Ministerio de Interior en colaboración con la cartera de Sanidad es un “atropello y locura” que “solo incitará a los pacientes y provocará altercados indeseados”, ha advertido la presidenta de la asociación
Carmen Flores.
Sin embargo, este proyecto se ha puesto en marcha en Castilla y León para
organizar y coordinar las funciones que desarrollarán la Policía y la Guardia Civil. Asimismo, se pretende abarcar los puntos negros que hay en la seguridad de los profesionales.
Para Flores, esta medida de protección supone una “
agresión” a los pacientes. “Ya están siendo agredidos verbalmente sin más defensa que su palabra”, ha asegurado la presidenta de la asociación.
“Los enfermos no van al hospital ni al médico a agredir, van a ser atendidos y, como en todas las sociedades, hay agresores por naturaleza o personas con enfermedades mentales que hay que controlar, pero no es la manera con un policía o guardia civil, que no son
represores de enfermos”, ha criticado la plataforma.
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