Un juez ha procesado a cuatro personas - dos empleados y dos responsables de una funeraria - por su posible participación en una
trama fraudulenta en Valencia para
ganar dinero a costa de cadáveres donados a la ciencia. En concreto, considera que “existen suficientes indicios de la comisión de delitos de estafa y de falsedad de documentos tanto públicos como privados”. Por este motivo, el magistrado ha dictado dos autos de procedimiento abreviado contra los mismos implicados, al entender que hay indicios de facturación a dos universidades por “
incineraciones fraudulentas”.
El primer caso investigado está relacionado con el cuerpo de un ciudadano francés fallecido. En diciembre de 2002, dos de los acusados recogieron el cadáver del
Hospital La Fe de Valencia y lo trasladaron a una universidad privada de esta región. Según el juez, los investigados
falsificaron un documento que afirmaba, de manera incorrecta, que la persona “había
donado su cuerpo a la ciencia”. Además, señala que en otro certificado se utilizó un nombre falso para ocultar la identidad de uno de los empleados de la funeraria.
Según el titular del juzgado de instrucción de Valencia, esa documentación fue entregada tanto al Hospital La Fe como al Registro Civil de Valencia “con la intención de lograr un posterior
beneficio económico por la gestión de servicios funerarios”, añade el magistrado, ya que la empresa elaboró una factura de 1.331 euros en enero de 2023 que fue anulada en mayo de ese mismo año.
Irregularidades con otros siete cadáveres
Junto a este, el juez ha investigado otro caso que tiene que ver con la gestión de los cuerpos de otras
siete personas fallecidas entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. En este proceso señala que también “existen serias dudas” sobre “la realidad de los
documentos de donación” de esos cadáveres a la ciencia.
En concreto, matiza que existen indicios de que los cuerpos fueron “
incinerados de forma fraudulenta”, metiendo varios cadáveres en un solo féretro, aunque después se facturaban por separado. Entre las pruebas, se señalan, de hecho,
nueve facturas por importes que oscilan entre los 1.331 y 1.784 euros, emitidas a una universidad privada entre 2018 y 2023 sin que conste que “fuera llevada a cabo en ningún
crematorio de Valencia, siendo los restos mortales incinerados junto a otros distintos”.
Además, la resolución también señala que dos facturas emitidas a la Facultad de Medicina de la
Universidad Pública de Valencia en 2021 tampoco justifican la incineración de otros dos cadáveres.
Incineraciones fraudulentas
El juez describe estos casos como una “trama de enriquecimiento injusto a costa de la
Universidad CEU y la
Facultad de Medicina de Valencia, de una manera un tanto
penosa al tratarse de actividades sobre cadáveres”. Aunque los cadáveres se consideran “objetos” jurídicamente, el magistrado subraya que se trata de “restos humanos de personas que han fallecido” y que merecen “
respeto y consideración”.
Por el momento, la investigación ha concluido la
fase de instrucción. Ahora, la Fiscalía y las partes involucradas deben decidir si solicitan la
apertura de un juicio, el sobreseimiento del caso o la práctica de diligencias adicionales. Las resoluciones pueden ser recurridas ante el propio Juzgado de Instrucción o la Audiencia Provincial.
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