La pandemia del Covid-19 ha supuesto un gran impacto económico y social para la población española. Asimismo, ha evidenciado que nuestro sistema legal todavía no está preparado para la gestión de pandemias porque falta un marco ético y jurídico. Además de las propias secuelas originadas por la pandemia del Covid-19, hay que tener en cuenta la necesidad de lidiar con un aumento de los conflictos en el ámbito ético y legal. En este sentido, cobra especial relevancia el papel de los actuarios para la cuantificación de los daños y el cálculo de las indemnizaciones.
Según Rosa Martínez de Cal, coordinadora del departamento de informes de lucro cesante de Promede, es "fundamental contar con datos tratados de los pacientes para dar respuesta a la parte legal y poder cuantificar el daño real que se pueda llevar a cabo". En esta línea, explica que el sector actuarial puede "ayudar para que haya una unión entre el sistema sanitario, sus agentes y los pacientes y tener un papel relevante ante demandas de lucro cesante y daño emergente (por ejemplo, ante casos de personas que generan menos ingresos por cuestiones médicas o una mala praxis)".
A modo de ejemplo, Rosa Martínez de Cal, señala que la vacunación podría modificar la cuantificación de riesgos según se comporte la situación. "Si se produce un efecto beneficioso de la vacunación esto impactará directamente en la salud -al tener un riesgo menor y una mayor esperanza de vida", afirma.
Con motivo de la pandemia han aumentado las reclamaciones en distintos ámbitos. Por esa razón, los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos vienen erigiéndose como una alternativa especialmente idónea para resolver conflictos en el ámbito sanitario, dejando al margen la esfera judicial. La mediación en este tipo de casos busca crear espacios de diálogo, con la ayuda de una persona imparcial e independiente, para ayudar al entendimiento entre ambas partes, ahorrando costes y disminuyendo el tiempo en su conclusión.
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