Un
médico retirado ruandés ha sido condenado este miércoles a 24 años de cárcel por su participación en el genocidio contra la etnia tutsi. Los hechos, que tuvieron lugar en su país en el año 1994, tuvieron como consecuencia cientos de
miles de muertos. El médico, unos meses después, se mudó a Francia, donde empezó una nueva carrera como sanitario.
Sosthène Munyemana, de 68 años, ha sido sentenciado por el Tribunal Penal de París, que lo ha considerado culpable de los cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y conspirar para cometer esos crímenes.
Aun así, ha sido absuelto de los
cargos de complicidad con el genocidio y de complicidad con crímenes contra la humanidad. La sentencia establece un mínimo de ocho años de encarcelamiento.
Munyemana
llegó a Francia en septiembre de 1994, pocos meses después del genocidio desatado por la etnia hutu en abril de ese año contra los tutsis, en el que, se ha determinado, tuvo una participación.
Ejerció la medicina en el territorio franco hasta su jubilación, a pesar de que fue, en 1995, solo un año después del genocidio, fue la
primera persona en Francia investigada por esos eventos. Aun así, ha sido el último de los seis condenados que, hasta ahora, han pasado por los tribunales franceses.
Colaboración con el genocidio
De manera más concreta, el médico estaba acusado de ser no de los firmantes de una
"moción de apoyo" en abril de 1994 al gobierno interino que dirigió el genocidio. Además, se señalaba que participó en un comité local y en reuniones que organizaron detenciones masivas de civiles tutsis.
Aunque el condenado reconoció haber participado en patrullas nocturnas locales, organizadas para buscar a personas tutsis, dijo que lo había hecho para proteger a la población local. Por otro lado, también fue
acusado de detener a varias docenas de civiles tutsis en la oficina del gobierno local, que estaba "bajo su autoridad en ese momento", y de transmitir "instrucciones de las autoridades a la milicia y residentes locales que llevaron a la detención de los tutsis".
El tribunal ha dictaminado que había
pruebas de que se había reunido a la gente "de forma deliberada con el objetivo de exterminarla" y que Munyemana "no podía ignorar" que los detenidos iban a ser asesinados.
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