La
Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y medio de prisión al
jefe de Urgencias del Hospital Clínico Universitario de Valencia acusado de sacar para su tío
14 cajas de viagra del centro sanitario valoradas en 7.000 euros, cinco de ellas cuando su familiar ya había fallecido.
Así consta en la sentencia -dictada después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad-, en la que el tribunal le considera
culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso con un delito de estafa a la Administración. Junto a la pena de cárcel, los magistrados le imponen una multa de
6.765 euros y una indemnización a la Generalitat Valenciana de 6.995,36 euros, precio estimado de los medicamentos que obtuvo con el SIP de su tío.
Los hechos se registraron entre 2009 y 2011 cuando el condenado sacó hasta 14 cajas del medicamento
Revatio de la unidad de Farmacia del Clínico con la tarjeta sanitaria de su familiar. Según la sentencia, el facultativo hizo creer al responsable de Farmacia que su tío necesitaba el medicamento para tratarse de una enfermedad pulmonar, por lo que se autorizó su dispensación desde octubre de
2009
.
De este modo, el médico,
con plaza en propiedad desde abril de 1991, sacó hasta nueve cajas del fármaco, con recetas firmadas por él mismo, usando el SIP de su tío, aquejado de una enfermedad pulmonar.
De hecho, y según el relato de hechos probados, el familiar enfermo sufría una patología cuya medicación suministrada conjuntamente con el Revatio estaba contraindicada.
El tío del condenado falleció en septiembre de 2010, pero él no comunicó la muerte, y sacó cinco cajas más del mismo fármaco hasta abril de 2011.
En el juicio explicó que estas últimas dosis eran para su padre que, según aseguró, tenía también una dolencia pulmonar. El precio de cada caja de Revatio,
medicamento también indicado para tratar la disfunción eréctil, estaba valorado en 500 euros. El tribunal considera que no ha quedado probado el uso que el jefe de Urgencias del Clínico dio al fármaco que consiguió irregularmente, pero descarta que su intención fuera tratar con dichas pastillas a sus familiares.
Estima que cuando en una receta oficial consta algo incierto y el destino de la medicación no es el tratamiento del enfermo cuya patología se usa como excusa
"para generar la apariencia necesaria para conseguir que el servicio de Farmacia expida la medicación", quien se responsabiliza de la prescripción como médico "incurre en una falsa narración de los hechos relevantes del documento, es decir, en falsedad".
El magistrado presidente del tribunal del Jurado considera que en este caso, la falsedad la comete un funcionario público que actúa dentro de sus funciones al rellenar el documento. Por último, concreta que la actuación del acusado responde a un
delito de estafa a la Administración Pública, ya que el engaño al responsable de Farmacia provocó un perjuicio patrimonial para las arcas públicas en el importe de los medicamentos suministrados.
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