Aval a la vacuna obligatoria desde los 12 años si no hay inmunidad grupal

El aumento de la presión en las UCI y los contagios en residencias durante la quinta ola Covid-19 han llevado a reabrir el debate en torno a la vacunación obligatoria de los profesionales sanitarios. Una decisión que, aunque encuentra  opiniones favorables en gobiernos como el de Murcia, Comunidad Valenciana o Baleares, sigue planteando un dilema. Aunque el Comité de Bioética de España (CBE) no lo considera necesario en estos momentos, sí plantea la opción de aplicarlo a la hora de conseguir la inmunidad de grupo si se demuestra que la vacunación no supone beneficio para la población menor de 12 años y existe un porcentaje de población que rechaza el tratamiento. De hecho, no lograr los objetivos deseados de inmunización en mayores de 12 años sería uno de los avales necesarios para ello.

A principios del mes de diciembre, a las puertas del inicio de la campaña de vacunación, el CBE se pronunciaba al respecto asegurando que obligar a médicos, enfermeras y demás profesionales a vacunarse estaría justificado. Sin embargo, ocho meses después, con un 60 por ciento de población inmunizada y una alta aceptación de la vacuna, especialmente entre sanitarios, consideran que "no es necesario".

Al menos por el momento, ya que el porcentaje de trabajadores sanitarios y sociosanitarios no vacunados es "bajísimo", reitera Federico De Montalvo como presidente de la institución. "En el contexto actual de la estrategia de vacunación sigue sin ser necesario implementar una medida de dichas características", asegura. 

El hecho de que un sanitario rechace el tratamiento ante las dudas generadas por la vacuna resulta algo "insólito", no solo por su mayor formación en comparación con un ciudadano de a pie sino porque estaría incumplimiento el principal deber del Código Deontológico como es "no hacer daño a quien tiene que cuidar".

No obstante, la vacunación infantil podría resultar clave a la hora de inclinar la balanza en septiembre. Una vez se consiga la cobertura total de la población mayor de 12 años, habrá que priorizar entre el porcentaje de ciudadanos que no ha querido vacunarse y la inmunización de los menores en el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo con entre el 80 y el 90 por ciento de cobertura. El problema ético, según explica De Montalvo, es constatar hasta qué punto es beneficioso vacunar a los niños, si realmente no desarrollan la enfermedad grave, "cuando hay un 15 por ciento de adultos que no quieren vacunarse". "Ahí es donde el debate de la obligatoriedad podría plantearse con más fuerza", afirma, convencido de que "no es malo mantener dicha discusión en la opinión pública". 

Respaldo ético y jurídico 

En cualquier caso, una posible imposición de la vacuna quedaría avalada tanto desde el punto de vista ético como jurídico, en personas que cuidan y trabajan con personas vulnerables, sobre todo en un contexto que "ya no es de epidemia sino de pandemia". Aún así, De Montalvo exige cautela a la hora de adoptar esta medida, ya que podría generar más recelo e inquietud entre los pacientes y resultar contraproducente. 

Aunque no existe ninguna norma actual que exija expresamente la vacunación de los trabajadores, ni siquiera en el ámbito sanitario, sí existe una legislación laboral que les obliga a seguir las medidas de seguridad e higiene que establece el empresario y las administraciones públicas, la cual, podría actuar como respaldo legal a la la habilitación de la vacunación de forma genérica, apunta el experto. "Es una medida clásica de Salud Pública, no es una medida extraña", aclara, ya que "aunque la ley no diga expresamente que la vacuna no es obligatoria no significa que la gente no sepa que en un contexto de pandemia podría acabar imponiéndose como el confinamiento". 

Esto, unido a la Ley Orgánica en materias especiales de Salud Pública y la Ley de Salud Pública, generan argumentos suficientes para poder imponer la vacunación "en el contexto que sea necesario". En estos momentos, abordar su imposición sería conveniente si hubiera una tasa de vacunación baja o un fuerte movimiento de oposición, como ocurre en países como Francia. 

Beneficio propio y colectivo 

Otra de las cuestiones en juego es la utilidad que supondría la posible imposición del fármaco y que, según el presidente de Bioética, iría más allá del bien colectivo. A diferencia de un niño, la vacuna Covid en adultos produciría beneficios a terceros a nivel social sino en el propio individuo, por lo que no se estaría "cosificando" o "instrumentalizando a nadie". El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostiene que la vacuna supone "una intromisión mínima" en un derecho "sagrado" como es la "integridad física", la cual, lejos de "producir un riesgo grave", produce un beneficio grande como es la salud del individuo y de la colectividad. Aun así, debe estar "justificado" al ser el espacio "más privado de la persona" un campo "todavía más delicado que la movilidad".

En el caso concreto y delicado de las residencias, De Montalvo reconoce la dificultad que supone achacar el incremento de los contagios a los sanitarios no vacunados. La entrada del virus a estos centros, impulsada por la mayor transmisibilidad de las nuevas variantes, podría producirse debido a terceros o al resto de personal que presta servicios, familiares o las salidas de los propios residentes.

Aún así, puntualiza, el número de casos en residencias sigue "sin ser significativo" al igual que los fallecimientos, con cifras mucho menores a las registradas en olas anteriores. "Vacunar obligatoriamente no solucionaría el problema", apunta. Lo mismo ocurre en el contexto de hospitales, donde se tendría que dar un caso muy concreto para establecer una relación de causalidad en el contagio de un sanitario a un paciente.