El
consentimiento informado exigido para vacunarse con la segunda dosis de Astrazeneca no exime de responsabilidad ni al médico, ni a la enfermería ni al servicio de salud de cada comunidad autónoma en el caso de que el paciente sufra algún tipo de reacción a esta vacuna.
Así lo señala a
Redacción Médica el presidente del Bufete De Lorenzo Abogados,
Ricardo De Lorenzo, que lamenta que “se esté trasmitiendo el convencimiento de que el
consentimiento informado es un instrumento de exención de responsabilidad, lo que es un craso error, cuando de lo que estamos hablando es de información. Solo significa que la persona ha sido informada del riesgo,
no que lo asuma”.
En contexto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado permitir a las personas menores de 60 años que ya recibieron una primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Astrazeneca que
reciban una segunda de esta misma inyección o la de Pfizer, siempre y cuando firmen un consentimiento informado.
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"La realidad es que son nuestros profesionales sanitarios los que están informado sobre los riesgos de las vacunas"
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En su opinión,
De Lorenzo no entiende esta estrategia ya que “el Ministerio de Sanidad justifica dicha decisión refiriéndose al artículo 2 de la Ley 41/2002, "cuyo apartado 4 establece que la negativa al tratamiento por el paciente o usuario constará por escrito". Sin embargo, esta justificación se trata de una interpretación en mi opinión sesgada de la ley, pues las personas que desean recibir la
vacuna de Astrazeneca están aceptando el tratamiento avalado por las agencias de medicamentos y respaldada por la ficha técnica, mientras rechazan el tratamiento no respaldado por las agencias de medicamentos ni por la ficha técnica”.
En este sentido, el jurista destaca que el consentimiento informado solo es referido a la “Información que recibe el paciente” y lo cierto es que “en la mayoría de los casos no hay un acceso previo al prospecto para decidir si es bueno poner esa vacuna o no. O si simplemente se solicita otra vacuna. La realidad de nuestros centros nos demuestra que son los profesionales sanitarios los que
informan sobre los riesgos y beneficios de las vacunas”.
Por lo tanto, ¿exime este documento de algún tipo de responsabilidad legal al médico o al servicio de salud? “Para nada”.
Ricardo De Lorenzo recuerda que “en la producción de vacunas ha habido un proceso de autorización administrativa especialmente rápido y eficiente, y en consecuencia estamos ante un sistema de “rolling review, de continua evaluación de los efectos adversos que se pueden dar en relación a estos medicamentos. Y a pesar de los acuerdos, obviando los altos grados de confidencialidad,
lo que parece claro es que las Administraciones han sumido ese grado de responsabilidad en el caso de algún tipo de reacción”.
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