El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia que obliga a la Generalitat Valenciana a anular la orden de jubilación forzosa a los 65 años para el personal sanitario. La orden, que fue interpuesta por el anterior gobierno autonómico, queda de este modo anulada porque, según recoge el TS “no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Consellería”.
La sala rechaza de este modo el recurso de la Conselleria de Sanidad contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana, que dio la razón al sindicato CSI·F y declaró la nulidad de la normativa. Además, obliga a la consellería a pagar las costas procesales.
La Generalitat alegó que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV no había motivado una de las cuestiones que le sirvieron para estimar el recurso del sindicato ya que la sentencia no justificaba el porqué se exige el rango de Decreto para regular el personal estatutario, sin distinguir entre funcionarios y personal estatutario.
El Supremo explica con claridad el motivo de su decisión: “sólo la premura y celeridad observadas en la elaboración de la Orden recurrida proporciona explicación al inadecuado rango elegido para la regulación de la materia”, añadiendo, además, que “obviamente debió instrumentalizarle con mayor sosiego en su tramitación”. “Ello constituye por sí sólo razón suficiente para su anulación”, ha aseverado.
Al respecto, el TS argumenta que la sentencia motiva "suficientemente" la exigencia del nivel normativo, aunque otra cosa es que la administración recurrente discrepe de los fundamentos.
El TS coincide con el TSJCV en que el análisis de la orden revela que no tiene carácter "simplemente organizativo en el ámbito de la Conselleria" ni un "mero desarrollo" del Plan de Ordenación de los Recursos Humanos de la Conselleria sino que regula cuestiones materiales de la jubilación, que exigía "una regulación por norma de superior rango" y al tratarse de una disposición general, del informe preceptivo del CJC.
El sindicato CSI-F, uno de los mayores detractores de la normativa, ha declarado su satisfacción tras conocer la que considera “una gran noticia”. “La orden de jubilación forzosa ocasionaba un grave perjuicio a los interesados porque les priva de su derecho a continuar en el servicio activo a pesar de que se encuentren en perfectas condiciones para hacerlo. También permitirá a la sanidad valenciana aprovechar el bagaje de estos profesionales más años para ofrecer una atención más adecuada al ciudadano”. Por último, el sindicato urge a Conselleria de Sanidad a aplicar la sentencia.