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A juicio la médico forense que ocultó el corazón de la víctima de un crimen

El órgano era una prueba que ha resultado determinante en la investigación de un presunto caso de homicidio

Sede del Instituto de Medicina Legal (IMLA).

12 ago 2019. 10.50H
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La Físcalia de Zaragoza ha tomado la decisión de llevar a juicio por un delito contra la administración de Justicia a una forense del Instituto de Medicina Legal (IMLA) que en el año 2016 había sido apartada por una juez de la investigación de un presunto caso de homicidio en el pueblo de Calatayud tras descubrir que le había ocultado que guardaba el corazón de la víctima y no lo había enviado a analizar.

El hallazgo de esta prueba ha sido fundamental para este caso, cuyas pesquisas han dado un giro a la investigación, según informa el Heraldo de Aragón. De este modo, la juez ordenó que otros dos forenses distintos hicieran un segundo informe de autopsia que confirmó que el hombre falleció por una patología cardíaca y no como consecuencia de una pelea que mantuvo con otro hombre, al que se detuvo por presunto homicidio.

De hecho, el acusado ha estado en el calabozo por este motivo durante casi cinco meses. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud entendió que la forense apartada no procedió como se espera que lo haga un profesional.


Delito por faltar a la verdad


Unos hechos que puso a conocimiento de la Físcalia de Zaragoza, quien acusa a la funcionaria de qubrantar el artículo 460 del Código Penal, que castiga a todo aquel testigo, perito o intérprete que "sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos".

El hombre falleció a causa de una patología cardíaca

Lal ley no establece penas de prisión para estos casos, pero sí multas de 6.000 euros y dos años y medio de suspensión de empleo o cargo público.

Por su parte, la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, del que depende el IMLA, señala que no ha sido informada oficialmente del procedimiento penal en el que se halla inmersa la funcionaria, ni del auto de apertura de juicio oral que se dictó el 24 de mayo de 2019. A pesar de ello, ahora que conoce los hechos, la DGA podría adoptar sus propias medidas por la vía administrativa.

Una pelea de niños


El origen de todo este asunto se remonta al 30 de abril de 2016, cuando una inocente disputa entre dos niños en un parque de Calatayud dio lugar a una fuerte discusión entre sus respectivos padres. Apenas 20 minutos después de la enfrentamiento, uno de ellos volvía a casa en compañía de su mujer y su hijo cuando se desplomó al suelo y falleció.

A la Policía le dijeron que poco antes la víctima se había visto envuelta en una pelea, por lo que procedió a la detención del otro hombre involucrado por un presunto delito de homicidio.

De este modo, cuando la jueza solicitó un adelanto de la autopsia, la forense apartada del caso sostuvo que se trataba de un caso "en el límite entre la muerte natural y la muerte violenta". Además, apuntaba que la causa fundamental del deceso era "un traumatismo craneal". Ante la gravedad del asunto y la ambigüedad del informe forense, la instructora pidió aclaraciones.

Una de las cosas que quería saber era si se había conservado alguna víscera del fallecido para analizar, a lo que la funcionaria del IMLA contestó que no. "Las características de la hemorragia y los antecedentes y medicación (del fallecido) las hacía innecesarias", le dijo la forense a la juez, insistiendo en que "la causa inmediata de la muerte fue un hematoma subdural".

Para sorpresa de la juez, un policía reveló más adelante que sí se había conservado el corazón del fallecido, lo cual significaba que la forense había mentido.

Con una acusación en firme de homicidio, el investigado podría haber sido condenado a una pena de entre 15 y 20 años de prisión.Sin embargo, tras la segunda autopsia, al acusado se le impuso una multa de 180 euros por un delito leve análogo a la antigua falta de vejaciones.

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