'Sí' al registro de objetores del aborto con un último fleco autonómico

Ministerio de Sanidad y comunidades han logrado sacar brotes verdes de un Consejo Interterritorial que se inició de forma tosca pero que ha culminado con hasta ocho acuerdos. Entre ellos, los relativos al plan de acción de Atención Primaria, el calendario de vacunación, la estrategia frente a la resistencia a los antimicrobianos (PRAN) y el registro de médicos objetores que contempla la Ley del Aborto. Las consejerías, eso sí, ponen un asterisco a este último, dado que han reclamado la revisión de varias sentencias del Tribunal Supremo antes de “ponerlo en marcha”.

“El Consejo de hoy ha sido un ejemplo de coordinación y diálogo conjunto”, ha celebrado al término del mismo la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha puesto en valor la aprobación de este “protocolo para la creación del registro de personas objetoras de conciencia”. Una herramienta que ampara la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y que las consejerías, incluidas las del PP, han asegurado que acatarán, aunque han puesto sobre la mesa sus matizaciones.

Según ha informado el titular de Salud de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el citado registro de objetores “no se puede poner todavía en marcha” porque primero será necesario “revisar varias sentencias del Tribunal Supremo” para establecer “las mejores condiciones posibles”. En este sentido, Fátima Matute, su homóloga en la Comunidad de Madrid, ha señalado que los gestores están “para cumplir la Ley”, pero no para desplegar medidas “punitivas” que permitan incluir en listas los nombres de los facultativos que no quieran practicar abortos. “No se les puede obligar, y la Ley de protección de datos les protege”, ha señalado.

Cuatro motivos para la objeción parcial del aborto

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, el protocolo acordado establece que cada comunidad creará un registro de objetores de conciencia que solo se utilizará “para la gestión de recursos humanos y garantizar la prestación del aborto sin discriminación de ningún profesional”.

“Solo se incluirá en el registro al personal que interviene directamente en la IVE (interrupción voluntaria del embarazo): médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, Anestesiología y Reanimación, Medicina familiar y comunitaria, enfermeras y matronas -ha explicado-. El acceso al mismo solo estará restringido al personal encargado de la gestión y la organización de RRHH para la IVE”. Asimismo, esta información no se podrá compartir entre comunidades autónomas.

El documento también contempla la objeción parcial del sanitario que solo se oponga a a los siguientes supuestos de la Ley: 

• A petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
• Por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada.
• Por causas médicas, hasta las 22 semanas de gestación, en caso de riesgo de graves anomalías en el feto.
• Por causas médicas, en caso de anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.

Plan de Acción de Atención Primaria y autobajas

El Consejo Interterritorial ha dado luz verde también al Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-27, el cual avanzó Redacción Médica y que está centrado en los “objetivos estratégicos” de la longitudinalidad (de forma que se promueva la continuidad de la atención con el mismo equipo de profesionales a lo largo de la vida), la atracción del talento sanitario, la ampliación de la cartera de servicios (con nuevos procedimientos diagnósticos y más atención bucodental), el refuerzo de la capacidad resolutiva (que engloba la promoción de la atención domiciliaria) y menos burocracia. Esto último conlleva, entre otras medidas, el desarollo del sistema de autobajas, que según García se sigue negociando con los ministerios de Hacienda y Seguridad Social.

“El Plan de Acción 2025-2027 contará con un presupuesto finalista que permitirá a las comunidades autónomas llevar a cabo las acciones necesarias para su implementación -ha señalado Sanidad-. Se establecerá un sistema de evaluación y seguimiento para monitorizar el progreso del plan y asegurar el cumplimiento de sus objetivos”.

De forma paralela, se han ratificado los acuerdos referidos al cuarto Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos (PRAN), el de designación y redesignación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR), la reordenación de la protonterapia en el SNS, el dispositivo de cierre de la orejuela auricular izquierda en la cartera común de servicios, la realización de la Encuesta de Salud de España y el calendario común de vacunación.

CISNS extraordinario y malestar por Muface

El CISNS de este lunes se ha ‘reconducido’ tras un inicio en el que los consejeros han expresado su malestar por la “forma de trabajar” del Ministerio. “Se ha pedido que dejen la oposición desde el Gobierno y retomen su labor junto con las CCAA de velar por la salud de todos los españoles”, han expresado fuentes autonómicas, que han señalado a la crisis de Muface (la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado) como uno de los principales puntos de fricción.

“Se le ha transmitido a la ministra que llevar tantísimos puntos del día hace que no se puedan abordar con seriedad y responsabilidad”, ha advertido José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón, quien ha avanzado que habrá un nuevo Consejo Interterritorial extraordinario “antes de fin de año” para estudiar todos los asuntos que finalmente han tenido que ser postergados por falta de tiempo.

Respecto a Muface, los consejeros del PP han incidido en el carácter “superficial” de informe que presentó recientemente el Ministerio de Sanidad, que insiste en la posibilidad real de que la sanidad pública asuma, en un caso de necesidad, la cobertura de los funcionarios que ahora pertenecen a la mutua.