La pandemia del coronavirus aboca al sistema sanitario a hacer frente a un proceso transformador que, a nivel jurídico, ofrece tantas oportunidades como retos a superar. En palabras del médico legal y profesor Fernando Bandrés, para ello será necesario promover primero un cambio “en la cultura de la Salud” en el que también ostentarán un papel determinante los profesionales del Derecho, que, en armonía con los sanitarios, serán los encargados de llenar los vacíos legales en la era post-Covid. Así lo ha manifestado el también presidente de la Fundación Tecnología y Salud durante la apertura de la Red Externa de Sham en España (REShE) 2021, en la que peritos y expertos del sector han analizado la responsabilidad civil de los médicos en este nuevo escenario.

"Los juristas son un punto clave para la sanidad tras el covid"

Durante su intervención en esta jornada organizada por Sham (grupo Relyens), Bandrés ha subrayado que la sociedad se encuentra “ante un acontecimiento que va a cambiar la vida social”, especialmente en un ámbito sanitario en el que bajo su punto de vista “se va a producir un cambio en la jerarquía de responsabilidades”. “La vida será cada vez menos ‘hospitalocéntrica’. El paciente del siglo XXI tendrá un perfil crónico y pluripatológico en un contexto social nuevo”, ha incidido el facultativo, que ha asumido que este cambio de paradigma puede conllevar también un incremento de los errores de los profesionales.

En este sentido, Natalia Hormaeche, responsable del servicio jurídico del Hospital de Parla Infanta Cristina, ha hecho hincapié en la rapidez con la que los hospitales tuvieron que sobreponerse a las urgencias del covid y la notable demanda de herramientas como los respiradores. “Nos peleábamos por ellos”, ha advertido en el marco de la primera mesa de la  REShE 2021, enfocada hacia el ‘Impacto del covid en el ecosistema sanitario’, que ha sido moderada por la técnico jurídico de Sham (grupo Relyens) en España, Marina Ferrer.

Atención a pacientes no covid durante la crisis

Hormaeche ha enfatizado las carencias del sistema para hacer frente a las demandas de los pacientes no covid, otros de los “grandes damnificados” de la pandemia, pues no solo vieron retrasadas sus citas sino que además padecieron de primera mano la escasez de recursos de los hospitales. Una situación que era y sigue siendo especialmente “demoledora” para las personas con problemas psiquiátricos u oncológicos.

Por el contrario, ha incidido en que la pandemia ha dejado también aspectos positivos. Entre ellos la flexibilización de los circuitos, que se hicieron “menos largos, más eficientes y más baratos”. “Se modificó por completo la atención domiciliaria, y ese es el futuro: los profesionales van a cambiar y se van a desplazar a ver a los pacientes”.

Esta situación la conoce de primera mano Esperanza Hernando, responsable de la asesoría jurídica de los hospitales públicos de QuirónSalud, quien ha puesto de relieve los problemas que se produjeron debido a la “batería de decretos leyes” que arrastró consigo la declaración del estado de alarma. En este sentido, ha destacado las virtudes de la colaboración público-privada.

“Tuvimos que cambiar totalmente nuestra manera de trabajar. El tsunami llegó con tal virulencia que nos obligó a cambiar todo de la noche a la mañana”, ha apuntado la jurista, quien ha hecho alusión al incremento de las consultas no presenciales y de las llamadas telefónicas, que se multiplicaron por diez durante la crisis.  

Exoneración por fuerza mayor por covid

"La gestión de la pandemia es una actuación conjunta de las administraciones"

Finalmente, Javier Moreno ha subrayado la “hemorragia normativa” provocada por la pandemia, que inevitablemente derivó en un incremento notable de las reclamaciones de los pacientes.

“Tenemos que tratar de encajar los elementos de responsabilidad dentro de las distintas etapas del covid. No es lo mismo cuando se declaró la pandemia y se nos confinó que a día de hoy; los conceptos jurídicos son los mismos pero hay que balancearlos según el momento cronológico en el que se han producido”, ha destacado.

A este respecto, ha apuntado que el covid no fue considerado por los tribunales como causa de fuerza mayor para exoneraciones de la protección de riesgos laborales debido a que “había normativa nacional que preveía las enfermedades infecciosas”. “El covid solo será fuerza mayor cuando impida materialmente al médico prestar su servicio. No cuando falten herramientas como respiradores”, ha destacado. Asimismo, ha puesto de relieve las “incertidumbres procesales” que plantean las reclamaciones de los pacientes y hacia qué administración deben ir dirigidas.