El Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por Ribera contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, a fecha 15 de octubre de 2019, que queda anulada.
Ribera considera que con esta decisión el “Tribunal Supremo establece un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas en España”. El grupo apunta que a partir de ahora se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión.
“Esta sentencia, sin precedentes, supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público”, señala la empresa. El posicionamiento del Supremo impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos, así como supone una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes, indica.
La nueva doctrina afecta de pleno al proceso de reversión de Torrevieja porque pone de manifiesto que el modelo de reversión iniciado por la Generalitat se ha hecho de forma “improvisada y sin consenso”, y ahora además, según el Tribunal Supremo, “de manera ilegal”, ya que en este caso tampoco se han justificado las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios de la decisión.
Ribera valora positivamente este punto de inflexión que supone la necesidad de justificar las reversiones por encima de las decisiones políticas y arbitrarias. El grupo muestra su voluntad de mantener el diálogo y consenso con la Generalitat para priorizar la salud de los ciudadanos y la atención a nuestros pacientes frente al dogmatismo ideológico.
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