El
"monstruoso" caso de María Eugenia Moreno, como así lo describe
Francisco Miralles -secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (
CESM) y presidente de CESM Murcia-, se ha convertido en un mito: "Queremos no tener que recordarlo, que no tenga más actualidad", lamenta Miralles, que recuerda aquél 11 de marzo de 2009 con "especial tristeza". Sin embargo, pese a la
consternación inicial y las conmemoraciones anuales, los episodios violentos se repiten en el día a día sanitario.
"Se han hecho algunas cosas, pero
no se ha abordado como se debería, sobre todo en materia de prevención", denuncia Miralles, que especifica: "No es un tema específico de sanidad, sino de un contexto social en el que vivimos".
Se ha avanzado, por ejemplo, "en que a
agresión a un profesional sanitario ha pasado a ser considerada como delito", destaca Mirales, que advierte: "Es una medida que se aplica cuando ya se ha producido la agresión. Lo que hay que impulsar son
medidas preventivas para que esa agresión nunca se llegue a producir".
Esta lacra, lejos de disminuir con estas medidas,
crece cada día. "Siempre causa dolor cualquier
agresión a un profesional sanitario por otras cuestiones ajenas a su labor", se sincera Miralles.
Aumento de agresiones
"En estos diez años
se han incrementado las agresiones a los sanitarios y eso que los médicos tampoco denunciamos todo tipo de agresiones", señala
Mercedes Ortín, vicesecretaria de CESM Aragón y responsable de CESM en el Grupo de
Agresiones del Ámbito de Negociación.
"Cuando se produce alguna muy seria, con lesiones o amenazas, sí que abrimos una incidencia; pero muchas se quedan sin recoger. Aunque haya aumentado el número de agresiones, la cifra es aún mayor por las que no se denuncian, es solo la punta de iceberg", destaca Ortín, que cree que los
episodios violentos se producen, sobre todo "en puertas de entrada al
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Las agresiones a los sanitarios han aumentado en los últimos diez años
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sistema como pueden ser las Urgencias Sanitarias, Urgencias Domiciliarias y
Atención Primaria".
En parte, la responsable de CESM cree que este aumento va ligado al deterioro de la sanidad pública tras la crisis. "Hay una
gran masificación y listas de espera. Además, la persona que acompaña al paciente tiene una serie de pretensiones, a veces,
alentada por los propios políticos, que venden a los ciudadanos una serie de calidades asistenciales para las que no están poniendo los medios", señala Ortín, que hace hincapié en que en ningún caso este hecho justifica ningún tipo de agresión.
La responsable aragonesa celebra, como su compañero, que se hayan creado leyes que otorgan el
grado de autoridad sanitaria a los profesionales: "Cuando un paciente realiza una agresión física o verbal, tú tienes una presunción de veracidad. Además, si esto conlleva un delito tipificado en el Código Penal, siempre se va a aplicar la
pena de mayor grado, por lo que hay un agravamiento de la condena", explica.
La médico, sin embargo, cree que se deberían adoptar
medidas más concretas, como incuir el botón de pánico también en las visitas a domicilio. "Ha habido pocos cambios legislativos y no todas las comunidades autónomas lo han asumido", sentencia.
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