La industria avala el real decreto de
evaluación de tecnologías sanitarias de un Gobierno que, según voces autorizadas del sector,
ha “escuchado” sus reivindicaciones y ha incorporado muchas de ellas al proyecto. Por ejemplo, en lo referido a la separación entre valoración y decisión de financiación y la incorporación de los clínicos y los propios pacientes tenga un papel prominente en el proceso. “
Este Ministerio de Sanidad dialoga”, destacan diferentes representantes del ámbito jurídico y empresarial, que sin embargo consideran que la norma, que se encuentra aún en ‘cocina’, puede ser aún más ambiciosa si se la nutre de mayor
claridad y capacidad de desarrollo. El horizonte no se otro que acelerar el acceso a terapias innovadoras: “Si somos capaces de crear un
sistema de acceso temprano, ganaremos mucho para los pacientes”, concluyen.
La financiación de terapias en España ha tenido su propio espacio de debate en el
30 Congreso Nacional de Derecho Sanitario que la
Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) ha celebrado en Madrid. La mesa, patrocinada por Pfizer, ha puesto el foco sobre las virtudes y las debilidades del real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias, que
fue sometido el pasado agosto al trámite de consulta pública. La norma está orientada a desarrollar un ente “con autonomía funcional” que estudie los beneficios y posibles duplicidades de innovaciones en salud “compaginando resultados con los cortes que supongan” para el sistema sanitario. Además, blinda la participación de pacientes y profesionales sanitarios y suma más dosis de transparencia.
Paula González, socia de Life Sciences e IP de DLA Piper.
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“Es un borrador muy interesante, pone una base positiva”, ha concedido
Paula González, socia de Life Sciences e IP de DLA Piper, quien subraya, sin embargo, que aún hay “oportunidades” para incorporar al proyecto nuevas medidas “clave”. La principal, ha apuntado, son los informes de evaluación, que bajo su punto de vista han de tener mayor “entidad, autonomía e imparcialidad”. También ha abogado por que “se transparenten” estos documentos antes que se publiquen los de posicionamiento, así como por integrar a “dirigentes de prestigio de todas las áreas”, desde Medicina hasta Farmacia.
“Tema aparte es el de la
confidencialidad de los desarrolladores -ha indicado-. Es una magnífica oportunidad para regularla mediante un ejercicio razonable con el principio de transparencia”. En este sentido, ha cuestionado la necesidad de que se conozcan las fuentes de financiación de las entidades “si esa información no va a aportar al coste real de las tecnología que tenga el SNS”.
Lluis Alcover, socio de Faus & Moliner.
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Problemas de equidad en la evaluación de tecnologías sanitarias
Lluis Alcover, socio de Faus & Moliner, añade a este respecto que al real decreto le falta “
seguridad jurídica”. Cuando una terapia no está financiada, continúa, buena parte de la decisión recae sobre unas
comisiones regionales “que no se sabe bajo qué criterios deciden”. “Hay un problema de equidad, porque una comisión puede dar su ‘sí’ y otra no -indica-. Pedimos que haya derechos fundamentales de equidad en el ADN de la norma no solo como derecho subjetivo sino como principio que inspire toda normativa”.
Alfonso Gallego, director legal de Pfizer.
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Todo ello, continúa, “se podría solucionar con una
homogeneización de criterios de las comisiones regionales” en favor de la equidad, o bien “institucionalizando un sistema de acceso temprano” para que los fármacos “que realmente valgan la pena” entren en la rueda del sistema. Una reivindicación, esta última, a la que se ha sumado
Alfonso Gallego, director legal de Pfizer y moderador de la mesa: “Si somos capaces de poner un sistema de acceso temprano que acelere el proceso, habremos ganado mucho para los pacientes”, ha zanjado.
"Si somos capaces de poner un sistema de acceso temprano, habremos ganado mucho para los pacientes"
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“Yo sugiero que reduzcáis todo a la mínima expresión”, ha apuntado
Manuel Cervera, socio-director de Consultoría en Eversheds Sutherland, quien ha incidido en que “es más operativo, desde el punto de vista de la gestión, quedarse con dos o tres medidas críticas para las organizaciones”. “Tiene que haber un mensaje común basado en la transparencia”.
Manuel Cervera, socio-director de Consultoría en Eversheds Sutherland.
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Presupuesto para financiar nuevas terapias
En palabras de Cervera,
el Ministerio ha sido “sensible a las peticiones de la industria” (“hace tres años hacía oídos sordos, no se reunía”, ha ironizado). Sin embargo, ha recordado que “de los 92.000 millones de presupuesto que gestiona la sanidad, el 70 por ciento “va para el
pago de nóminas y medicamentos”. “La apertura de centros, los conciertos, las infraestructuras… va en el resto”, ha destacado. En este sentido, ha advertido de que “la maquinaria está al máximo”. “Habrá que plantearse si hacemos líneas presupuestarias determinadas para terapias avanzadas, innovación disruptiva… porque con lo que hay ahora mismo, la máquina está en tensión”, ha reiterado.
Jordi Faus, socio de Faus & Moliner.
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Jordi Faus, socio de Faus & Moliner, ha convenido en la necesidad de
“ser realistas” a la hora de reclamar nuevos esfuerzos a Sanidad. “Pero haciendo un examen de conciencia histórico, el mensaje de que no hay dinero, de que el sistema no es sostenible,
lo llevamos escuchando 30 años, cuando surgieron los biológicos o más tarde las inmunoterapias”, ha señalado.
Faus ha abogado por centrar el debate no solo en el apartado macroeconómico sino también en el ‘micro’. Por ejemplo, en cómo se puede mejorar el acceso y qué papel tienen en este procedimiento los profesionales del derecho. “Quiero reivindicar, de forma expresa, el papel de los abogados como facilitadores del proceso, no como especialistas en litigios -ha manifestado-.
Somos mediadores, aportamos soluciones jurídicas a problemas que tienen un contexto clínico, social, económico o político”.
Un instante durante la mesa redonda celebrada en el marco del 30 Congreso Nacional de Derecho Sanitario..
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