"Desaliento" por la falta de un baremo sanitario para medir indemnizaciones

‘Predecir’ el resultado de una indemnización por daños tras una actuación médica, confiesan voces autorizadas del sector jurídico, puede llegar a ser “desalentador” tanto por la variedad de criterios que se utilizan para establecer las fechas del procedimiento como para actualizar las cuantías e intereses del mismo. En algunos casos es el Índice de Precios de Consumo (IPC), y en otros, el de Garantía de Competitividad o la revalorización de las pensiones. La solución al problema se aventura compleja, aunque desde el ámbito administrativo y legal consideran que hay resquicios que pueden facilitar la labor de los jueces. Y una de ellas pasa por el establecimiento de un baremo sanitario.

"Hay demasiados criterios a la hora de fijar indemnizaciones"

Así lo considera Isabel Hurtado, técnico titulado superior del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Sermas (el Servicio Madrileño de Salud) y protagonista junto a Ignacio Boj, director de MBE Legal, en la segunda mesa del foro jurídico-legal organizado por Relyens España en Madrid bajo el nombre ‘Controlar los riesgos, reforzar la confianza mutua’.

Durante la mesa, que ha girado en torno a la determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias por daños en un centro sanitario, Hurtado ha remarcado la necesidad de homogeneizar los criterios de las cuantías y de los intereses. “En los juzgados se utiliza indistintamente la Garantía de Competitividad o el índice de revalorización de las pensiones, lo que supone diferencias muy importantes”, ha defendido.

Ignacio Boj, director de MBE Legal.

Tanto Hurtado como Boj han enfatizado el hecho de que cada vez más tribunales recurran al tanto alzado, según valores de mercado, para medir las indemnizaciones por daños médicos. “Hay quienes dicen que los baremos están muy manidos. Son tablas, usémoslas”, ha reivindicado el abogado, quien ha coincidido con la dirigente del Sermas en “seguir actualizando con el Índice de Garantía de Competitividad” este tipo de cuantías. “Estamos en un escenario en el que los casos se valoran mezclando conceptos que nada tienen que ver y usando índices con muchas diferencias, hay que seguir peleando”, ha señalado.

Finalmente, Hurtado ha defendido la creación de un baremo sanitario “que por mucho que lo pedimos no llega”. “Y mientras no lo haga, creemos que lo más objetivo es la utilización del baremo de tráfico, aunque no sea propiamente de materia sanitaria”, ha zanjado.

Ignacio Boj, director de MBE Legal; Isabel Hurtado, técnico titulado superior del Área de Responsabilidad Patrimonial en el Sermas; y Noemí Luis, responsable de Siniestros Relyens en España.

Nueva Ley de medidas procesales

Apartado propio ha tenido en este acto de Relyens la nueva Ley de medidas procesales, norma que se encuentra en proceso de tramitación (están pendiente de debatirse cerca de 900 enmiendas) y sobre la que han reflexionado María Avilés, responsable de Unidad Funcional de mediación contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); y Roberto Valls, líder del bufete Roberto Valls Abogados.

"El proyecto de medidas procesales va a facilitar el diálogo.

En palabras de Avilés, existen asuntos que pueden “resolverse en una o dos sesiones” a través de la mediación en el ámbito sanitario, si bien al acudir a la vía judicial “se puede tardar varios años desde que se hace resolución administrativa hasta que se dicta sentencia”. Recientemente, recuerda, un paciente enfermo de cáncer vio cómo la enfermedad se extendía durante los dos años que se demoró la respuesta de los tribunales.

“Creo que esta ley puede ayudar a fomentar el diálogo y genera cultura y educación a todos los agentes para que sepamos que esa vía existe”, ha continuado la dirigente del TSJM.

Roberto Valls, responsable del bufete Roberto Valls Abogados.

Un punto de vista con el que coincide Valls, que sin embargo se muestra pesimista ante el impacto que pueda tener esta ley. El abogado ha destacado los “problemas” de la misma, entre los que se encuentran el hecho de que estos procesos de mediación “no son gratuitos” (añade un coste más al procedimiento) y puede incurrir en una “falta de transparencia”.

“Si el proceso de mediación no acaba de forma correcta, es posible que se utilicen argumentos para fundamentar la posterior demanda, y eso es un problema importante”, ha subrayado.

El broche a la jornada lo ha puesto María Jesús Hernando, Responsable de Siniestros Judiciales y Complex Relyens en España, que ha puesto en valor la celebración de este tipo de actos para “trabajar para el interés general” y “crear un mundo de confianza” entre aseguradora y clientes.  

María Avilés, responsable de Unidad Funcional de mediación contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); Roberto Valls, líder del bufete Roberto Valls Abogados; y Jaime Noguera, responsable Legal Relyens en España.

Lleno en el cuarto acto jurídico de Relyens España.