Apelando al “sentido constitucional”, el pleno del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ratificará este jueves la designación de los nuevos magistrados del
Tribunal Constitucional (TC) y por ende el
desbloqueo de un órgano llamado a dirimir dos de los grandes proyectos normativos que atañen al ámbito de la salud: las leyes sobre la
eutanasia y el aborto, que fueron recurridas por PP y Vox por, entre otros motivos, “limitar la objeción de conciencia” de los profesionales sanitarios.
El nuevo Tribunal Constitucional abordará ambas leyes con un ‘tablero’ de mayoría progresista tras el visto bueno a los candidatos propuestos por el Gobierno, el exministro
Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Presidencia
Laura Díez; y de los del Consejo General del Poder Judicial, el magistrado del Tribunal Supremo
César Tolosa y la juez
María Luisa Segoviano, ya retirada. De esta forma, los conservadores se quedarán con cuatro magistrados frente a los siete del bloque progresista.
De forma paralela a la ratificación del presidente del TC (con
Cándido Conde-Pumpido como
María Luisa Balaguer como principales candidatos) y de la vicepresidencia (cobra fuerza el nombre de Ricardo Enríquez), el tribunal comenzará a deliberar proyectos normativos de importante calado político que abarcan desde la eliminación de la cuota del 25 por ciento del castellano en colegios de Cataluña hasta la reforma laboral.
En clave sanitaria, las más significativas son las relativas a la ley del aborto y la de la eutanasia. En lo relativo a esta última, con la que el Gobierno legalizó la 'buena muerte' de pacientes que sufran un
"padecimiento grave, crónico o incurable” y que así lo soliciten, el tribunal abordará los recursos de PP y Vox, que no solo apelan a la necesidad de “evitar potenciales abusos y proteger a las personas vulnerables” sino también de asegurar “el
derecho a la objeción de conciencia” de los médicos.
En este sentido, los populares acusaron al Gobierno de restringir “desproporcionadamente” este derecho de los profesionales sanitarios y de negar su titularidad a las personas jurídicas. Asimismo, pusieron en entredicho la “constitucionalidad” de la lista de objetores.
Posición del Constitucional sobre la ley del aborto
También se espera la posición del Constitucional sobre el recurso presentado en 2010 por el PP
contra la ley del aborto impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso implantar un sistema de plazos, al que después se ha sumado un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
Este mismo diciembre, el Congreso dio su
aprobación a la ley del aborto, que incorporó a última hora una transaccional y otra enmienda del Grupo Plural sobre el uso de imágenes de las pacientes, mantiene las principales directrices indicadas para el personal médico, así como la creación de un
registro estatal de profesionales objetores.
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