Redacción. Madrid
La negociación del VII Convenio Estatal está, actualmente, en jaque. Tras 19 reuniones, la Federación de Empresarios de la Dependencia, en Castilla y León Acalerte denunció el proceso y llevó a su cese temporal. La próxima reunión está prevista para la primera quincena de septiembre, donde los representantes de Comisiones Obreras (CC OO) y el Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) esperan contar con la presencia de la patronal de la Dependencia. De lo contrario, amenazan con realizar manifestaciones y otras acciones de presión.
“Ellos [los empresarios del sector] han entendido una agresión nuestra demanda por el incumplimiento del impago de domingo y festivos, aspecto que está perfectamente recogido en el VI Convenio que está prorrogado desde 2013. Además, la Audiencia Nacional nos ha dado la razón. Y también por otra demanda de UGT relacionada con la jornada laboral, que se verá el próximo día 21 en la Audiencia Nacional.”, sentencia Luis Álvarez Agudo, responsable estatal de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, e integrante de la comisión negociadora del VII Convenio.
Álvarez también ha asegurado que “la realidad es que no quieren negociar para alcanzar unas condiciones mejores que las que rigen en la actualidad las relaciones laborales de un sector mayoritariamente feminizado”. Unas condiciones que, según explica, afectan a 180.000 trabajadores y 4.250 empresas en todo el país. En Castilla y León, específicamente, se trata de 15.000 personas (2,5% de los trabajadores activos en la región) y 650 centros de trabajo.
"A tenor de estas cifras, como podéis suponer, ni a CCOO ni a UGT nos falta voluntad de negociar este convenio, ya que de lograr un acuerdo servirá para mejorar la situación de miles de mujeres. Son ellos los que no quieren", garantiza Álvarez.