La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha ofrecido este martes a las comunidades trabajar en favor de un pacto de Estado por los servicios sociales, para una coordinación real del conjunto de prestaciones, una mayor transparencia y eficacia y una igualdad en la atención.
Según la ministra, el principal objetivo del Gobierno es asegurar unos servicios públicos de mayor capacidad y mayor calidad, que puedan responder a una realidad social cada vez más compleja e interrelacionada. En este sentido, para dependencia ha recordado que el Estado realiza su contribución mediante dos vías, una finalista y otra a través de la financiación autonómica, y ha echado mano de los últimos datos, del 2014, para decir que, mientras la Generalitat aportó el 50,77 por ciento, el Gobierno dio el resto.
Montserrat ha respondido en estos términos en el pleno del Senado a una interpelación de la senadora del PDECat María Teresa Rivero, relativa a las medidas que piensa adoptar el Gobierno para revertir e incrementar los recursos aportados por la Administración General del Estado a los programas y servicios sociales que gestionan las comunidades.
A favor del "diálogo real"
Las dos han intercambiado mutuos reproches sobre la falta de diálogo de la otra parte y ofrecimientos cruzados para buscar el consenso. "A nosotros, en el café para todos ya no nos van a encontrar", ha advertido la senadora. "Pero, si hablamos de diálogo real, nos encontrarán sentados", ha apostillado. La ministra ha recogido ese guante y ha asegurado que el Gobierno está a favor del "diálogo real". "Sentémonos, de verdad, y hablemos de los servicios sociales y de la financiación".
El rifirrafe ha venido a cuenta de las quejas de la senadora del PDECat por los recortes y, tras recordar que el 80 por ciento de los recursos que gestionan las comunidades es para políticas sociales, ha señalado que, mientras los presupuestos autonómicos han tenido que "adelgazar" un 20 por ciento, el del Estado sólo se ha reducido el 8 por ciento.
Según Rivero, la asignación del Estado a los programas sociales que desarrollan las comunidades ha sufrido una reducción muy importante en la legislatura de 2011 a 2015, un periodo que se ha caracterizado también por la "obsesión invasiva" del Gobierno en cuanto a competencias y en la mala dotación de las que están en manos de las comunidades.
También el sistema de atención a la dependencia ha tenido importantes recortes, en palabras de la senadora, y ahora las comunidades sufragan gran parte del gasto, cuando la ley establece que debería ser a partes iguales con el Estado. En Cataluña, la Generalitat aportó en 2015 el 82 por ciento de los recursos para ayuda a la dependencia, ha dicho. Datos que ha negado la ministra, quien ha explicado que algunos de los programas suprimidos se han sustituido por otros, como el de ayuda a familias, y se ha buscado financiación "de forma imaginativa".
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