Tal día como hoy de hace 10 años echaba a andar la llamada
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, una apuesta socialista que consiguió el apoyo de la oposición 'popular' creando un sistema de atención para las personas dependientes, con la financiación como principal escollo.
Desde entonces las cifras han hablado de momentos muy diferentes que han marchado en paralelo a las decisiones políticas y la coyuntura económica. Hasta junio de este año, en concreto, se ha logrado alcanzar la
cifra más alta de personas atendidas desde que existen registros (2008-2016) con 826.362 dependientes en cualquiera de los niveles establecidos.
El 68,4% han sido atendidos
Se trata de
88.823 dependientes más que en 2015 y 92.590 más respecto a 2014. El aumento ha sido significativo desde los 109.735 atendidos en 2008, en los primeros años de la ley, hasta superar la barrera de los 800.000 por primera vez en este año.
En concreto, con las cifras de junio de 2016, hay 1.207.870 personas dependientes en España, de las que están siendo
atendidas el 68,4 por ciento, mientras que el 31,6 por ciento permanecen en lista de espera.
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Del total de 1.207.870 dependientes en España en 2016, un 31,6% siguen en lista de espera
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Este incremento de personas atendidas se debe, entre otros factores, a la incorporación de los dependientes moderados al sistema, cuya atención no supone costes tan elevados como los de otros dependientes.
También más esperando
Sin embargo, el aumento de personas con derecho a prestación atendidas no ha sido el único factor que ha experimentado crecimiento progresivo en estos años. En la misma línea, también la lista de espera ha aumentado alcanzando su
máxima cifra, con 381.508 personas pendientes de recibir atención, por encima de los 315.684 que se alcanzaron en 2011.
La lista de espera alcanzó su punto más bajo el año pasado, cuando registró 139.297 personas pendientes de prestación o servicio, unos datos que han crecido notablemente en 2016, cuando figuran 242.211 personas en espera-.
En estos años de funcionamiento, la atención a la dependencia en España ha sufrido un importante
revés entre 2012 y 2015, con los
recortes económicos impuestos desde Moncloa y más tarde con la incorporación de las personas con dependencia moderada -aquellos catalogados con el Grado I- al sistema. Durante el último año, en consecuencia, se ha
incrementado un 12 por ciento el número de personas atendidas y se ha dejado atrás el estancamiento.
En este sentido, una de las principales críticas al sistema ha sido la
financiación que las comunidades autónomas se han visto obligadas a asumir y que ha supuesto importantes diferencias territoriales. Así, con los recortes a la aportación estatal al sistema, en 2015 las comunidades tuvieron que hacer frente al 82 por ciento del gasto público de la dependencia, mientras que
el Estado financió un 18 por ciento.
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