Redacción. Toledo
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha manifestado que el Gobierno regional ya está trabajando en un nuevo marco regulatorio para la aplicación de la Ley de la Dependencia, toda vez que ya se ha retirado el recurso interpuesto por el anterior Gobierno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (Tsjcm) que anulaba la anterior regulación. Para ello, se ha comprometido a crear un comité de expertos para elaborar la nueva normativa.
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García-Page saluda al presidente del Cermi de Castilla-La Mancha, Luis Perales.
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A preguntas de los medios tras la reunión que ha mantenido el presidente regional, Emiliano García-Page, con el presidente autonómico del Cermi, Luis Perales, Sánchez ha indicado que desde su Consejería ya se está estudiando las distintas normativas regionales y autonómicas para elaborar "a la mayor brevedad posible" un nuevo marco.
En todo caso, ha dicho, este trabajo se está llevando a cabo "sin perder de vista que hay mucha lista de espera que hay que valorar y hay que resolver muchos recursos", por lo que "hay mucho trabajo en la Dirección General de Discapacidad".
Comité de expertos
La consejería ya trabaja en tres puntos, el primero de los cuales es "dar prioridad presupuestaria posiblemente ampliable de cara a 2016". El segundo es el establecimiento de un marco de seguridad jurídica, un aspecto sobre el que ya se han realizado acciones, pues ha resaltado que ya se ha retirado el recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo contra la orden de dependencia anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Además, Sánchez ha adelantado que los servicios jurídicos del Gobierno regional trabajan para retirar el decreto sobre esta materia que se encuentra en el Consejo Consultivo.
Por todo ello, ha adelantado que se creará una comisión de expertos, compuesta por empleados públicos y también con personas de fuera de la Administración, para comenzar la elaboración de la nueva normativa, tanto de procedimiento como de compatibilidad e intensidad de todas las situaciones de dependencia. Asimismo, ha sostenido que los servicios jurídicos también trabajan para determinar cuál es el mejor trámite legal para los 15.000 expedientes que se han visto afectados por la anulación de la orden de dependencia de 2013.
El tercer punto es analizar cuántos recursos profesionales hay en los servicios provinciales de la Consejería de Bienestar Social, pues ha apuntado la posibilidad de que se deba incrementar el personal debido a los retrasos en la gestión de prestaciones.
Cermi solicita una estabilidad presupuestaria firme
Por su parte, el máximo representante del Cermi en la región, Luis Perales, ha indicado a los medios de comunicación que le ha trasladado a la consejera numerosas propuestas, entre ellas la necesidad de "una estabilidad presupuestaria firme", algo necesario para que el tejido asociativo "no esté siempre pendiente de las ayudas y las subvenciones".
Ha agradecido que recientemente el sector haya cobrado "el bloque gordo" de las ayudas asignadas, y ha dicho a la consejera que su objetivo es "mantener la vía de diálogo sobre las cosas que realmente necesitan las personas con la discapacidad".
"Hemos pasado años difíciles pero nos hemos mantenido unidos y somos un movimiento ejemplar. Nos seguiremos manteniendo defendiendo los recursos que ahora mismo tenemos", ha finalizado.
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