Cristina Alcalá / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
La falta de consenso sobre cómo financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) marca el inicio del Consejo Territorial que evalúa estos asuntos y que tiene lugar este miércoles en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, junto a representantes del ministerio y de las comunidades autónomas antes de comenzar el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia.
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Comunidades como Andalucía y Cataluña, de diferente signo político al partido que gobierna, difieren del modo por el cual se sustenta económicamente la dependencia en España. El actual modelo, previsto por la Ley de la Dependencia de 2006, especifica que el Estado debe aportar el 50 por ciento de la partida y las comunidades autónomas, el otro 50, aunque en ambos casos, la normativa no dice si tiene que ser un presupuesto finalista o no.
Andalucía y Cataluña reclaman reformular el sistema de financiación
“Desde Andalucía venimos al Consejo Territorial para poner de manifiesto la importancia de llegar a un gran pacto en esta materia”, explica la consejera de de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de esta autonomía, María José Sánchez Rubio. “Es un derecho que se aprobó en 2006 y que, por culpa de la inanición presupuestaria, se está deteriorando”.
Para Sánchez Rubio, es insostenible que su comunidad lleve sobre sus espaldas el 80 por ciento de la financiación en dependencia, mientras que el Gobierno central ha recortado 400 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a lo largo de estos años para esta materia. Ante esto, la consejera del ramo ha explicado que Andalucía ha hecho un “gran esfuerzo” y, actualmente, ha invertido 1.101 millones de euros. “Es prácticamente lo mismo que España destina en todo el conjunto nacional”.
Idea que comparte su homóloga catalana, la consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat, Neus Munté. “Las comunidades autónomas estamos soportando un sobresfuerzo muy importante, al igual que lo están haciendo los ayuntamientos y los usuarios que, por primera vez, están aportando al sistema más que el propio Estado”.
Munsé, que se ha mostrado dispuesta “a escuchar al ministro, en su primer Consejo Territorial”, le pedirá a Alfonso Alonso una redistribución de los presupuestos destinados a dependencia para que la “financiación sea más justa y adecuada, conforme a lo que dicta la ley”.
Ambas no se olvidan tampoco de los profesionales encargados de los cuidados a dependientes en el entorno familiar, quienes perdieron “de un día para otro” sus cotizaciones a la Seguridad Social, se redujo el número de horas de ayuda a domicilio y los ingresos. “Hay que revisarla. La ley debe volver a lo acordado en el Pacto de Toledo”, reclama Sánchez Rubio.
“Castilla-La Mancha invierte en dependencia, no en embajadas extranjeras”
El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, por su parte, ha defendido la labor llevada a cabo por el Ejecutivo estos cuatro años atrás. Unas reformas que, según él, han permitido mantener el actual sistema de la dependencia “en unos niveles muy altos de cobertura”, y a su comunidad autónoma, invertir más en este colectivo, reducir las listas de espera, los tiempos en valorar a los dependientes, así como pagar las facturas de los proveedores sanitarios.
Antes de asistir al encuentro con el ministro, Echániz ha lanzado un último mensaje. “Castilla-La Mancha ha hecho el trabajo bien, mientras que otras comunidades están dedicando fondos a lo que no deben, como abrir embajadas en el extranjero, lo que quita fondos para otros asuntos”.
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En la imagen de la izquierda, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván; y su homólogo de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz. A la derecha, el director general de Ordenación Profesional del ministerio, Carlos Moreno.
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El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Milagros Marcos; y la consejera de Asuntos Sociales de Ceuta, Rabea Mohamed Tonsi.
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