Redacción. Madrid
El Gobierno, con la publicación este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha dado luz verde la fijación de criterios comunes de acreditación de centros, servicios y entidades que asisten a los dependientes, sin perjuicio de las competencias de cada comunidad y de la Administración General del Estado (AGE). Esto significa que la atención a la dependencia contará con ratios profesionales globales y homogéneos en todo el territorio, acabando con la disparidad que podría darse según la autonomía.
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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, con los consejeros de Políticas Sociales en el último Consejo Territorial.
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Esta aprobación llega después de que el último Consejo Territorial del 7 de octubre acordara modificar parcialmente el acuerdo de 27 de noviembre de 2008 que regula la acreditación de centros y servicios al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta modificación avanza en la acreditación de la cualificación de categorías profesionales, ya que permite profesionalizar y garantizar la calidad del empleo en el sector.
Titulación y recursos humanos
En este sentido, Estado y autonomías pactaron cambiar y mejorar las titulaciones, cualificaciones y perfiles de los trabajadores que asisten a la dependencia, es decir, los cuidadores, gerocultores, auxiliares de Ayuda a Domicilio y Asistente Personal. Para ello, el pasado 4 de marzo constituyeron un grupo de trabajo con representantes de las administraciones competentes en materia de educación, empleo y servicios sociales, con los interlocutores sociales. Dicho grupo ha celebrado tres reuniones, siendo la primera el 16 de marzo y la última el 11 de junio.
En materia de recursos humanos, la nueva normativa determina que para las categorías profesionales que no se correspondan con titulaciones universitarias, se fijarán los perfiles profesionales más acordes con las funciones que deban realizar y que estén basados en la cualificación. No obstante, en cualquier caso se requerirá, al menos, que el personal que atienda a la dependencia (directores de centros, cuidadores y gerocultores) cuente con la titulación o certificado que la ley especifica.
Asimismo, la normativa hace hincapié en los trabajadores que tengan una edad igual o superior a 55 años. Para ellos, quedarán habilitados en la categoría que corresponda si han acreditado una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos diez años. En el caso de las personas que han desempeñado funciones de asistente personal, estos requisitos se adaptarán a la regulación que se establezca en el Real Decreto por el que se apruebe la cualificación profesional.
Estos requisitos relativos a las cualificaciones profesionales serán exigibles a 31 de diciembre de 2017 y, en todo caso, cuando finalicen los procesos de acreditación de la experiencia laboral que se hayan iniciado hasta la fecha.
El Consejo Territorial dará traslado de este acuerdo a las Conferencias Sectoriales competentes en materia de educación y empleo, para impulsar las medidas dirigidas a la acreditación de los profesionales para el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como promover las medidas acordadas en el anexo de este acuerdo. Para ello, la AGE instrumentará los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de las convocatorias precisas que den respuesta a las necesidades de acreditación de las comunidades autónomas.
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