Redacción. Murcia
La Asamblea ha convalidado por unanimidad el decreto que permitirá a 1.305 cuidadores no profesionales de personas dependientes recibir las ayudas que les fueron denegadas en 2013, cuando se endurecieron los requisitos para acceder a las prestaciones.
Los 1.305 afectados habían pedido las ayudas antes de ese año -sus solicitudes estaban de hecho paralizadas por los recortes-, pero se les aplicaron pese a ello los nuevos requisitos con carácter retroactivo, algo que ha llevado a varios tribunales a emitir sentencias condenatorias contra la Comunidad.
La consejera de Familia e Igualdad, Violante Tomás, presentó este jueves ante el pleno de la Cámara el decreto, que “restituye” el derecho de estos dependientes y sus cuidadores a las ayudas. Podrán acogerse todos aquellos que cumplían los requisitos vigentes en el momento en que hicieron la solicitud, antes de que en 2013 se endureciesen esos criterios. Cobrarán las prestaciones que les habrían correspondido y que tienen atrasadas desde entonces, y además sus expedientes se reabrirán de oficio, sin necesidad de que los dependientes hagan trámite alguno.
Todos los partidos de la Asamblea votaron a favor del decreto, si bien los partidos de la oposición criticaron que el decreto establezca que si en un plazo de seis meses no se ha dado respuesta a una solicitud de ayuda se entenderá que esa respuesta es negativa. PSOE, Podemos y Ciudadanos creen que el silencio debe considerarse como positivo.
Por eso, solicitaron que el decreto se tramite ahora como proyecto de ley para que pueda mejorarse con enmiendas. Este punto fue aprobado por unanimidad, al sumarse también el PP.
La consejera, Violante Tomás, recordó que el decreto abre la puerta a que el cuidador “ahora sí pueda trabajar” (antes era incompatible con recibir la prestación). Desde la oposición, la diputada del PSOE Consuelo Cano denunció que la Región se encuentra “a la cola de España” en la aplicación de la Ley de Dependencia, con un 30% de los dependientes a la espera de una resolución sobre sus prestaciones, frente al 16% de media nacional.
Por su parte, la diputada de Podemos María Ángeles García recordó que el decreto llega después de “numerosas sentencias que se habían opuesto a la norma de 2013”. Juan José Molina (Ciudadanos) apoyó también este decreto, “que restituye la justicia para las familias a las que se privó de unas ayudas que les correspondían”.