Cristina Alcalá / Imagen: Cristina Cebrián. Madrid
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha puesto a disposición de sus usuarios 1,6 millones de prestaciones entre 2007 y 2014, tal y como ha puesto en evidencia este miércoles el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), César Antón Beltrán, durante la jornada ‘Presente y Futuro de la Ley de Dependencia’.

Francisco Ferrándiz y César Antón, secretario general y director general, respectivamente, del Imserso.

El acto, organizado en la misma sede del Imserso, ha sido una cita para la Administración, gestores y usuarios de este sistema de la dependencia, donde se ha puesto en valor todo el trabajo realizado por el Gobierno central y las diferentes comunidades autónomas a lo largo de su implantación, y muy especialmente, en los últimos cinco años. Un evento donde el debate, el encuentro y la formación ha sido un constante a lo largo de todo el día.

El director general del Imserso ha puesto sobre la mesa algunos datos clave para entender el devenir de la ley de dependencia, como por ejemplo, su coste, su financiación y el empleo que genera. Asimismo, ha ahondado en la incorporación de los dependientes de grado I a partir de julio de este año. “En solo tres meses, ya hay casi 18.000 nuevos usuarios que han pasado a ser beneficiarios del sistema y otro alto porcentaje de personas cuya situación de revisión está en proceso”, ha asegurado Antón. “Las comunidades autónomas están teniendo un comportamiento muy consolidado con estos dependientes”, ha añadido.

En referencia al coste del SAAD, César Antón ha explicado que los últimos datos relacionados con el SAAD sitúan al sistema en 6.979.729 millones de euros, de los cuales, las Administraciones Públicas aportan más de 4 mil millones de euros. “La distribución de este coste en el 2014 ha variado según el tipo de prestación, y la atención residencial es la que mayor partida se ha llevado”.  

En cuanto a la financiación, entre 2012 a 2014 ha estado alrededor de los 7 mil millones de euros, cofinanciado por las autonomías y el Estado central en la mayor de las partes, una cifra que no se ha alejado de lo estimado por la propia memoria económica del Tribunal de Cuentas, ha asegurado el director general del Imserso.

Petición de un aumento presupuestario a Hacienda

Anterior a esta fecha, ha recordado Antón, las comunidades autónomas pidieron, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, una financiación adicional para costear los servicios sociales, unas partidas que no solo tocan la dependencia, sino que también pagan las medidas relacionadas con la infancia, los mayores, la discapacidad, etcétera.

Eduardo Vinuesa, socio director de Archer Partners.

Esto significa que en los primeros años de 2007 a 2009 había una financiación para dependencia muy diferente a la que se consiguió pasada a esa fecha, gracias a la petición de los Gobiernos autonómicos de una inyección ‘extra’ de presupuesto para cubrir estas partidas. Sin embargo, tal y como alerta el director general del Imserso, eso no ha solucionado la problemática a la que siempre se enfrentan cuando hablan de dependencia: saber a dónde va el dinero exactamente, ya que las partidas no eran finalistas y engrosaban la caja destinada a servicios sociales. Algo que no ocurre con el dinero que destina el propio Estado central, a través de los Presupuestos Generales del Estado, donde se detalla claramente cuánto dinero va a ir a parar a la atención a la dependencia y a la promoción de la autonomía personal.

En referencia al empleo que se crea alrededor del SAAD, César Antón ha destacado la figura del ‘asistente personal’, un profesional que acompaña al dependiente desde su implantación en 2012 y que se ha convertido en pieza clave para impulsar este sistema. “Esta tendencia ha hecho que, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, la cifra de personas que prestan este tipo de servicio se disparó en su primer año de implantación, mientras que en el resto de picos ha evolucionado prácticamente de forma homogénea, hasta llegar a los 357.169 asistentes personales en 2014”, ha destacado.

En referencia al último año datado sobre la Ley de Dependencia, la memoria económica auguraba que, en 2015, habría una cobertura social de 1.373.000 personas aproximadamente, en función de los tres grados de dependencia que hoy en día existen (grado I, II y III). Lo mismo ocurre con los beneficiarios previstos por la normativa.

Respecto a las previsiones económicas, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales ven varias conclusiones posibles: que las personas de grado I superen levemente el porcentaje previsto por la ley, mientras que los de grado II y III se mantendrán bajo los criterios previstos.

Gasto público y financiación del SAAD

Después de la conferencia inaugural del director general del Imserso ha llegado el turno de Eduardo Vinuesa Mayoral, socio director de Archer Partenrs, quien se ha encargado de dar una visión más económica de la implantación de la ley de dependencia en los últimos años en España.

De izquierda a derecha: Isabel Herranz, subdirectora de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso; Francisco Ferrándiz, María Dolores de Prada, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid; y Juan Sitges, director de la Fundación Caser para la Dependencia.

Bajo el título de ‘Gasto público y financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia’, el experto ha expuesto el modelo por el cual los beneficiarios reciben una serie de prestaciones, para posteriormente evaluarlo a través de unos criterios que él mismo ha marcado.

La Ley 39/06, de 14 de diciembre, define el término de ‘dependencia’ como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, de otro tipo de apoyos.

Desde 2014, el SAAD cuenta con 745.720 beneficiarios que reciben un total de 898.332 prestaciones mensuales. El catálogo de servicios de la ley recoge hasta cinto tipologías de servicios (de prevención, de teleasistencia, de ayuda al domicilio, de centro de día y de noche y de atención residencial) con tres tipos de prestaciones económicas (vinculadas al servicios, a los cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no profesionales, así como las dirigidas a los cuidadores profesionales).

Coste, gasto y financiación de la dependencia

Los últimos de poner el broche de oro a la jornada organizada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) han sido tres expertos: Juan Sitges Breiter, director de la Fundación Caser para la Dependencia; María Dolores de Prada Moraga, profesora titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid, en Castilla y León; e Isabel Herranz Donoso, subdirectora general de Planificación, Ordenación y Evaluación del Imserso. Todos ellos bajo la batuta de Francisco Ferrándiz Manjavacas, secretario general de esta última institución.

El primero en tomar la palabra ha sido el director de la Fundación Caser para la Dependencia, quien ha puesto en valor las iniciativas que llevan poniendo en marcha desde esta entidad, especialmente el informe ‘Coste de la Dependencia en España y su Financiación’ que han realizado durante los años 2013 y 2014.

Miguel Ángel Valero, director del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (Ceapat).

“Este estudio es el primero que se pone en marcha en España, donde se aborda la dependencia de una forma global sobre el coste de esta materia, así como el de su financiación”, ha explicado Juan Sitges Breiter.
En 2013 hubo 944.345 beneficiarios con derecho a prestación y 408.401 prestaciones en el entorno familiar, lo que supuso el 43 por ciento del total; mientras que en 2014 hubo 929.983 beneficiarios y 374.348 prestaciones en el entorno familiar, un porcentaje que bajó al 40 por ciento.

En relación a la estimación del coste para atender la dependencia, entre ambos años creció un 8 por ciento, pasando de los 6.509 millones de euros en 2012 a los 7.051 millones de euros en 2014. El 75 por ciento de este coste lo aportan las Administraciones Públicas, frente al 25 por ciento que parte del ciudadano.

“La mayoría de las comunidades autónomas no disponen de información que les permita diferenciar los gastos sociales de la dependencia. Se trata, por tanto, de una estimación del coste directo a nivel nacional por prestaciones, servicios y grados”, ha destacado el experto, que espera que el informe de la Fundación Caser para la Dependencia sea un referente para futuros documentos sobre esta materia.

María Dolores de Prada Moraga ha sido la siguiente ponente en tomar la palabra y la encargada de explicar a los asistentes el informe presentado por la universidad en la que trabaja. Un documento que perseguía una serie de objetivos. El primero de ellos, establecer una aproximación del coste de la dependencia a nivel nacional para los diferentes tipo de prestaciones y servicios para los grados ya reconocidos por ley. Es decir, teniendo en cuenta las variables que atienden a esta materia, como el número de prestaciones que reciben los usuarios o el tipo de servicios que se ponen a su disposición.

Asimismo, también ha ahondado en la aportación que perciben los dependientes. En este sentido, la ley establece que estos participen en la financiación según el tipo y el coste del servicio, así como, y muy especialmente, en su capacidad económica, tal y como se estableció en el Consejo Territorial de Dependencia y Servicios Sociales celebrado en 2012. Todo con un criterio común para todo el territorio nacional, ha señalado.

La distribución de las prestaciones, ha continuado, difiere entre los tres tipos de grados que existen, aunque en todos ellos la ayuda económica para cuidados en el entorno familiar es la más utilizada (un 40,25 por ciento de los casos estudiados), y en algunas comunidades autónomas puede llegar a superar hasta el 60 por ciento, ha añadido.

“El coste de la dependencia está muy influenciado por el tipo de estructuran que tengan las comunidades y todas ellas son muy diferentes. Las autonomías que tienen basada su estructura de servicios en residencias tendrán unas prestaciones más caras que aquellas que ofrecen cuidados en el entorno del hogar”. Un coste que se ha incrementado un 4,2 por ciento entre 2013 a 2014; mientras que el beneficio se ha disparado un 6,18 por ciento por prestación, un 6,34 por ciento por prestación y un 8,57 por ciento por prestación por servicio.

Finalmente, Isabel Herranz Donoso ha puesto sobre la mesa el presente y futuro de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Un escenario en el que tienen que participar activamente, primero, la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas y los beneficiarios.

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