Cristina Alcalá. Madrid
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha dicho ‘no’ a la moción de CiU de aumentar la partida presupuestaria en dependencia para el año que viene hasta que no se incorporen los más de 300.000 dependientes de grado I que se incluyeron en el sistema en julio y que progresivamente irán recibiendo una prestación efectiva en los próximos meses.
No será hasta ese momento cuando el partido en el Gobierno estudie la posibilidad de incrementar el presupuesto en esta materia, aunque no ha especificado en cuánto, a diferencia del grupo catalán que hablaba de aumentar en 433 millones de euros esta partida, a través de dos vías: que el Estado aporte 150 millones ‘extra’ y que se restituyen, con 283 millones, lo acordado de aportación de las autonomías.
“No queremos acotar la cuantía presupuestaria ni ampliarla a un determinado volumen porque no es un criterio preciso”, ha explicado Carmen Belén Torres, del PP. “Este aumento dependerán de las personas que se vayan sumando a la prestación efectiva y esa liquidez se hace a final de año”.
Otros motivos que han llevado al Partido Popular a rechazar esta moción se deben a que se han incluido datos “falsos, como decir que la financiación del sistema no asume ni el 20 por ciento de los costes del mismo, ha explicado Torres. “En 2012, la protección del Imserso fue del 19,71 por ciento y lo previsto en la Ley 22/2009, del 22,59 por ciento, por lo que ambos suman una cobertura de más del 44 por ciento y cumplen con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Dependencia”.
En este sentido, la senadora popular ha recordado que, en los próximos presupuestos para 2016, siete de cada diez euros “están comprometidos con estas ley”, además de que el presupuesto del Imserso ha crecido un 3,6 por ciento en el último año y el Estado ha transferido más de 9.000 millones de euros a las comunidades desde 2009. “A pesar de los malos augurios, se ha vigilado la dependencia, con líneas consensuadas en el Territorial y se ha garantizado, sin exclusión, a todas las personas valoradas con algún tipo de grado”, ha defendido Torres.
Toda la oposición, menos el Grupo Mixto, apoya la medida
Prácticamente todos los partidos han hecho piña entorno a la iniciativa de CiU. El PSOE, por ejemplo, ha hablado de un aumento presupuestario más amplio de lo que pedían los catalanes y ha cifrado en hasta 3.000 millones de euros la partida necesaria para hacer frente a las prestaciones de todos los dependientes que integran el sistema.
“El Gobierno del PP ha cambiado el devenir de esta ley: ha introducido recortes, ha reducido los cuidados en el entorno familiar, ha mermado las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales y ha endurecido el régimen de incompatibilidades entre prestaciones”, ha denunciado la senadora Raquel Miriam Andrés.
José María Cazalis, del Grupo Vasco, ha decidido también apoyar la medida por la “congelación” que ha hecho el Ejecutivo de esta normativa en los últimos años, tanto en el calendario, como en la cuantía y la financiación del sistema.
María Sequera, de Entesa, por su parte, ha criticado que el Estado debería aportar el 50 por ciento de los presupuestos y no solo el 17 por ciento que, según ella, ofrece en la actualidad, “porque obliga a las comunidades a asumir la diferencia”.
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