Redacción. Madrid
En los tres últimos ejercicios presupuestarios liquidados (de 2011 a 2013), el Estado ha transferido a las comunidades autónomas más de 10.000 millones de euros, según recoge los informes publicados por el Tribunal de Cuentas.
En concreto, en 2011, la financiación estatal en dependencia fue de 3.610,5 millones de euros, mientras que en 2012 fue de 3.371,9 millones, y en 2013, de 3.679,5 millones, por lo que el total asciende a 10.661,9 millones de euros.
Galicia, la que más recibió y Madrid, la que menos
Por comunidades autónomas, Galicia fue la región que mayor porcentaje de dinero estatal recibió en el último ejercicio (72,52 por ciento frente al 27,48 por ciento autonómico), seguido de Islas Baleares (67,77/32,33 por ciento) y Andalucía (65,02/34,98 por ciento). Al otro lado de la balanza se sitúa Madrid, que fue la zona que menor dinero del Gobierno percibió (26,74 por ciento frente al 73,26 que destinó la comunidad).
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Financiación de la dependencia por comunidades autónomas. Fuente: Imserso y Tribunal de Cuentas.
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Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también refleja el dinero que destinaron Estado y comunidades autónomas en función del número de beneficiarios con prestación efectiva y población potencialmente dependiente. En base a estos datos, cuatro comunidades disminuyeron sus beneficiarios y su financiación (Andalucía, Aragón, La Rioja y Comunidad Valenciana), y otras tres las que aumentaron el presupuesto, a pesar de tener menos dependientes (Cantabria, Castilla-La Mancha y País Vasco). El resto aumentaron sus beneficiarios y el dinero que les destinaban.
Cambios a partir de 2009
Los presupuestos destinados en dependencia parten del Estado y las comunidades autónomas y se encuentran garantizados por dos leyes: la de la Ley de Dependencia y la de la ley de financiación de las comunidades autónomas.
Sin embargo, en el año 2009, se produjo un cambio radical en la financiación estatal para este ámbito. En ese año, las autonomías acudieron al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en demanda de un mayor presupuesto para hacer frente a los importantes desembolsos de la Ley de Dependencia. Este Consejo adoptó el Acuerdo 6/2009 por el que “el Estado se compromete a aportar recursos adicionales distribuidos en proporción a la población dependiente de cada Comunidad, para facilitar la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. Este compromiso se trasladó a la Ley 22/2009 de financiación de las Comunidades Autónomas.
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