El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha cuestionado el uso que algunas comunidades autónomas hacen de los recursos adicionales del Estado que en 2012 se incorporaron al modelo de financiación autonómica para atender a las personas en situación de dependencia.
"El Estado aporta los fondos necesarios para cubrir la Ddependencia. Habría que preguntar a las administraciones qué ha ocurrido con esos fondos", afirma el 'número dos' de Servicios Sociales del Gobierno en una entrevista con Europa Press, en la que advierte de que hay "bastante confusión" por parte de las comunidades autónomas a la hora de explicar la aplicación de la Ley de Dependencia y su financiación.
Garcés: "La ley nació sin financiación suficiente"
Garcés recuerda esta normativa nació sin financiación suficiente, con un 'nivel mínimo' que cubre el Estado, que asciende al 17 por ciento del conjunto de los recursos del sistema de dependencia, y con un 'nivel concertado' con las comunidades autónomas, que en 2012 se sustituyó por 'recursos adicionales' incondicionados, que se incluyeron en el modelo de financiación autonómica, y que, según explica, representan aproximadamente el 50 por ciento de los fondos del sistema.
"Esto quiero dejarlo muy claro: Cuando muchas comunidades autónomas dicen que el Estado no está aportando la mitad de la dependencia, no es cierto. Esto se está haciendo a través de los recursos adicionales", subraya el secretario de Estado, para añadir que lo dice Tribunal de Cuentas en su informe de 2014, que, a su juicio, es "absolutamente impecable".
Garcés señala que los recursos adicionales del Estado se calculan en base a la estimación de personas dependientes que hace cada comunidad autónoma. A su juicio, el "problema" es que al ser estos incondicionados no llegan directamente a las conserjerías o departamentos que gestionan la dependencia, sino que se dan a la Administración autonómica para que los distribuya. "Cuando se acordó el modelo de financiación autonómica, los recursos adicionales fueron destinados a la educación, sanidad y servicios sociales. Se entiende que tienen que ir a gastos sociales de las comunidades autónomas, pues parte de esa bolsa de recursos se calculó sobre la base de los dependientes que había en cada comunidad autónoma", asevera.
El mandatario es partidario de analizar la financiación de la ley: el coste de la dependencia, cómo funcionan los distintos niveles, cuántos dependientes hay o cuánto cuesta la atención a estas personas en cada comunidad autónoma. "Esto me parece un ejercicio de equidad", subraya, para añadir que "en función de eso, se determinará si estos recursos del Estado son adecuados y están repartidos correctamente o no". "A mí lo que me preocupa es que lo que está aportando el Estado llegue a donde tiene que llegar. Quiero recordar que la Ley de Dependencia crea verdaderos derechos subjetivos en favor de los particulares, una ley estatal y, por lo tanto, los recursos adicionales del sistema vinculados a la dependencia, deberían ir dedicados a la dependencia", asevera.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.