La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha asegurado que la Junta de Castilla y León aprobará antes de que concluya 2016 la Estrategia de Prevención de la Dependencia y de Promoción del Envejecimiento Activo, para cuya elaboración contará con el movimiento asociativo.
En declaraciones a los periodistas, García ha resaltado la “atención prioritaria” que el Gobierno autonómico dedica a esta demencia. De este modo, ha afirmado que su consejería destina 134 millones de euros cada año para atender los diferentes recursos que necesitan los enfermos de alzhéimer y sus familiares.
Ha hecho hincapié en que esa asistencia pilota sobre una serie de ejes entre los que ha destacado el movimiento asociativo, al que ha calificado de “pilar fundamental y profesional” con 29 entidades, 11.000 socios y 800 plazas distribuidas en 21 centros de día que emplean a 600 profesionales.
Tras considerar que la comunidad autónoma tiene “una red asociativa muy potente”, ha señalado que, “con carácter prioritario”, la Junta está trabajado en lo que ha denominado Estrategia de Prevención de la Dependencia y de Promoción del Envejecimiento Activo, que prevé aprobar antes de que concluya este año 2016.
Para ello, ha explicado que se basarán en la Ley de la Dependencia y que trabajarán con el movimiento asociativo con el objetivo de establecer medidas dirigidas a las personas mayores y a los entornos para promover “ciudades amigables”.
Ha justificado ese nuevo planteamiento en el sentido de que se ha ido evolucionado y que los mayores ahora demandan otras cosas diferentes a las que ahora son habituales como el club de los sesenta, intercambios intergeneracionales o la Universidad de la Experiencia, entre otros.
Asimismo, la consejera se ha referido a que su departamento está inmerso también en una modificación en la atención a las personas con alzhéimer y así ha aludido a los centros de carácter social y al modelo ‘En mi casa’.
En este sentido, ha subrayado la relevancia de que estos enfermos sigan recibiendo cuidados en sus domicilios a través de la prestación de servicios para los que el Ejecutivo regional tiene “recursos” y de este modo poder alargar el tiempo de permanencia en sus viviendas o bien poder volver a ellas tras haber recibido la atención sanitaria que precisen.
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