Cristina Alcalá. Madrid
La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Susana Camarero, considera que la financiación de la dependencia, donde el 50 por ciento del presupuesto corresponde asumir al Estado y el otro 50 por ciento a las comunidades autónomas, está "mal planificada" y valora la posibilidad de reformar el sistema para que estas partidas sean finalistas y lleguen a las personas en situación de dependencia de forma íntegra.
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De izquierda a derecha: Carmelo Romero, secretario primero de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados; Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Sanidad; y Lourdes Méndez, presidenta de esta comisión.
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"Creo que es importante que revisemos el sistema y que podamos mejorarlo, tanto en copago como en financiación". Así se ha expresado la dirigente este martes en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde, a petición propia, ha desgranado las líneas generales de actuación que su Secretaría ha llevado a cabo en los últimos cuatro años en relación a las personas con discapacidad y dependencia.
Sin embargo, Camarero ha asegurado a los diputados allí asistentes que el Ministerio de Sanidad no hará una modificación del copago en este momento, en relación a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en este campo.
Camarero ha alegado que su departamento cumple con la parte que tiene que aportar. Sin embargo, al estar esta competencia transferida a las comunidades autónomas, son ellas las que deciden si su aportación se destina íntegramente a estas personas o no lo hacen de forma finalista. "No voy a entrar a valorar quién está fallando y en dónde", ha asegurado la secretaria de Estado, quien ha defendido la actuación de las Administraciones autonómicas ante las denuncias de la oposición de "dejar morir" al sistema y a los dependientes que lo integran.
"Es cierto que la Ley de la Dependencia nación con muchas deficiencias económicas y no es fácil corregir esta situación", ha alegado Camarero. "Sin embargo, desde este Gobierno estamos intentando garantizar el sistema y la cantidad que nos corresponde como Estado porque, personalmente, creo en esta normativa".
En este sentido, la mandataria popular ha asegurado que su departamento está trabajando intensamente para implementarla en su totalidad (en julio integrarán a más personas en situación de dependencia) "e instaremos a las comunidades autónomas a que hagan lo mismo".
La oposición achaca los recortes en dependencia
No obstante, estas afirmaciones no han sido bien recibidas por los principales grupos de la oposición. La parte más crítica ha venido de la bancada socialista con la intervención de su portavoz en la materia, Laura Seara, quien ha acusado de mentir a la secretaria del Estado. "El copago en dependencia se ha duplicado", según la diputada socialista en los últimos años de esta legislatura. "Las comunidades han pasado de aportar del 50 por ciento al 62, y su Gobierno, del 60 al 19 por ciento", ha espetado.
"Las decisiones de su Ejecutivo han impedido que la ley sea eficaz y eficiente. Han retrasado la entrada de nuevos beneficiarios, han suprimido dos niveles en dependencia y han acabado con la prestación económica en el entorno familiar", ha denunciado Seara.
Críticas también por parte del Grupo de La Izquierda Plural. Su representante, Álvarez Sanz ha asegurado que de cada 100 euros que se destinan a la dependencia, 63 provienen de las comunidades, 18 del Estado y 19 de las familias. "Ahora los usuarios aportan más que el propio Gobierno", ha declarado Sanz.
"Los servicios sociales han sufrido un gran deterioro entre 2011 y 2013 y, a pesar de que se han avanzado en textos legales por parte de las comunidades autónomas, hoy la atención es mucho más precaria".
Por su parte, los grupos nacionalistas de PNV y CiU han hecho una defensa de la partida que asume sus territorios para sufragar los gastos en dependencia.
El diputado catalán, Carles Campuzano, ha empezado su intervención denunciado que el "40 por ciento de las personas reconocidas no reciben la prestación necesaria" desde el inicio de la legislatura y que "incluso los copagos de los ciudadanos aportan más presupuesto a las arcas públicas que el propio Estado". Para erradicar esta situación, Campuzano insta a la secretaria de Estado a tres cuestiones: reconocer a un abanico de personas más amplio, reducir las listas de esperas y eliminar los copagos.
Una idea que defiende el diputado de PNV, Emilio Olabarría, quien alerta de los "incumplimientos de estos derechos" que está haciendo Sanidad por la falta de presupuesto. "Ahora son las comunidades las que asumen toda la partida para cubrir las necesidades de los dependientes calificados", ha asegurado el dirigente vasco. "Le pido que corrija este problema".
El Grupo Parlamentario Popular ha sido el único que ha salido en defensa de las políticas llevadas a cabo por el Ministerio. "Ha habido una evolución favorable", ha alegado Francisco Vaño "en contra de los que hablan de desmantelamiento".
"Este Gobierno ha tenido que hacer frente a una deuda de 16 mil millones de euros, por lo que no se ha beneficiado, de inmediato, al sector. Pero se está consolidando una base sólida para dar una buena respuesta en el futuro". Según Vaño, a día de hoy hay más dependientes incorporados al sistema (81.000 más en la última legislatura) y la lista de espera se ha reducido en un 45 por ciento. "Hay que ser más objetivo. La atención a las personas con dependencia no puede catalogarse como desastrosa. Vamos por el buen camino".
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