Cristina Alcalá. Vitoria
La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha clausurado el I Congreso de Servicios Sociales, donde no ha querido dejar escapar la oportunidad de hacer una revisión que ha hecho el Gobierno en materia de dependencia, infancia o familia. Camarero ha puesto sobre la mesa los datos más actualizados en inversión, listas de espera o número de prestaciones, para resaltar la labor que el Ejecutivo ha realizado en materia social en los últimos cuatro años.
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José Antonio López, presidente de la SEGG, Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales, y Conrado Escobar, consejero de Políticas Sociales de La Rioja.
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"A pesar de que la situación económica al inicio de la legislatura golpeó con fuerza a los más débiles, el Gobierno se puso a trabajar de inmediato para impulsar reformar, duras pero necesarias, que permitieran retornar al país a la fortaleza y la competitividad necesaria", ha detallado la secretaria de Estado en Vitoria, lugar de la celebración de esta cita.
Para reforzar su discurso, Camarero ha anunciado las medidas llevadas a cabo por la Administración para cambiar el panorama social y económico el país. Iniciativas como la reforma del mercado laboral, que "ha permitido establecer una política social", ha expresado, o las llevadas a cabo en sanidad -"para garantizar su universalidad"- o en servicios sociales -"estableciendo prestaciones que antes ni existían"-.
"Ahora contamos con las condiciones necesarias para devolver a la sociedad parte del esfuerzo realizado en los años más difíciles", ha remarcado la secretaria de Estado, en relación al aumento presupuestario que el Ejecutivo ha autorizado en materia social.
En materia de dependencia, Camarero ha recordado los más de 6.500 millones de euros que ha aportado el Gobierno para financiar este sistema (sin contar con la parte que invierten las comunidades autónomas), así como la reducción de las listas de espera en más de un 50 por ciento en los últimos cuatro años, hasta cumplir con el calendario previsto por la ley que pedía la incorporación de los moderados de grado I en 2015.
"Hemos respetado escrupulosamente la ley, incluso en los momentos de dificultades económicas", ha insistido Camarero. "Nuestro reto es seguir haciendo viable este sistema, mejorando su eficacia y aplicación, junto a las administraciones autonómicas y locales".
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