Redacción. Madrid
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, se ha comprometido a evaluar el sistema de dependencia y su modelo de financiación a partir del 1 de julio, fecha en la que se incorporarán al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia “SAAD) más de 300.000 dependientes moderados culminando así la implantación de la ley.

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de 2015, el ministro ha defendido que la Ley de Dependencia se está cumpliendo “razonablemente” y se está cumpliendo el calendario. “Será también momento de hacer una evaluación sobre cómo ha funcionando en todos sus aspectos, y también en el modelo de financiación previsto por la ley, un modelo mixto, donde debe haber una aportación de los usuarios”, ha añadido.

Alonso, que ha contestado así a una pregunta de la diputada socialista Carmen Montón acerca de la situación en la Comunidad Valenciana, donde el Gobierno quiere instaurar un “copago confiscatorio” a la dependencia que “impide a los afectados acceder a las prestaciones de la ley”. “El PP está desmantelando el SAAD, pero en la Comunidad Valenciana se ha cebado y los valencianos queremos saber si está de acuerdo con ese copago extra que Fabra ha aprobado en la ley de acompañamiento a los presupuestos, y si va a consentir que asuma competencias que no son suyas porque, como dice el Cermi, se va a abocar a los dependientes valencianos a la pobreza y a la exclusión social”, ha denunciado Montón.

Así, la socialista ha reclamado al ministro que garantice la igualdad después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) declarase la nulidad del copago. “Saltándose la sentencia, Fabra insiste y cuela este nuevo copago. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a ser cómplice del quebrantamiento de la vida de personas con dependencia”, ha preguntado a Alonso.

En este sentido, Alonso ha aclarado que el Tsjcv consideró que lo que el Ejecutivo valenciano establecía como precio público en una tasa “tenía reserva de ley”. Por tanto, ha asegurado que lo que ha hecho el Gobierno de Fabra ha sido “regularlo correctamente” aprobando una norma jurídica de ese rango. “Les pasó a ustedes también cuando aprobaron en el Consejo Interterritorial de Dependencia los criterios del copago que habían establecido ustedes en la ley. También fue anulado por los tribunales en 2008 y lo tuvimos que hacer nosotros en 2012, que está vigente y no está anulado y en el que se establecen las garantías. El Ministerio va a revisar que esas garantías se cumplen en todas las comunidades autónomas”, ha insistido el ministro.

Asimismo, Alonso ha recordado que en el acuerdo alcanzando entre todas las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Dependencia, se establecieron tres garantías de esa participación de los beneficiarios en la financiación. “Nadie debe quedar al margen de las prestaciones o de la atención por razones económicas; los que no lleguen a unos ingresos equivalentes al Iprem no pagarán nada y los demás pagarán en cuanto a su capacidad económica, pero con un tope del 90 por ciento del coste del servicios. Esto es a lo que están obligados el conjunto de las comunidades autónomas en España”, ha precisado.