Redacción. Valencia
La Asociación Empresarial de Residencias y servicios a personas dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) estima urgente y necesario la firma de un acuerdo marco que permita la libre competencia entre residencias de cara a finalizar con los privilegios hacia determinadas empresas de accesibilidad que han disfrutado durante los últimos años.

“Hasta ahora se ha adjudicado, y se siguen adjudicando plazas concertadas más allá del primer tercio del contrato del año 2001, a través del procedimiento negociado sin publicidad, sin contrato público y con un talante de exclusividad, ya que establece la premisa simple de tener experiencia previa y contrato de accesibilidad para poder ser adjudicatario, por lo que el resto de residencias del sector quedan al margen. Esas plazas carecen de contrato público”, denuncian.

En este sentido,añaden que tanto los dictámenes del Consejo Jurídico Consultivo como los informes de la Junta de Contratación y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que no se puede seguir concertando plazas subvencionadas por esta vía más allá de las fijadas en el concurso de 2001, es decir, más allá del primer tercio de las 6.000 plazas. A pesar de estos informes, desde Aerte denuncian que, a día de hoy, se siguen reponiendo las plazas cuando queda claro que es una situación irregular según la Ley de Emprendedores de 2013.

Indican también que el informe de la Abogacía señala claramente que se han beneficiado unas empresas y se ha perjudicado al resto del sector, mientras que el Consejo Jurídico Consultivo afirma que el contrato de 2001 no se puede renovar a partir de enero de 2014. Estos dictámenes se basan en la Ley de Emprendedores de 2013, donde se especifica claramente que no se puede beneficiar a ninguna empresa por el mero hecho de haber sido contratista de la Administración

Concurso público

Una de las posibles soluciones, dicen, pasaría por desarrollar un concurso público en forma de acuerdo marco para englobar esas 3.000 plazas. Por ello, la asociación no alcanza a entender que, según las últimas declaraciones de la Consejería de Bienestar Social, se estén valorando otras posibilidades, "muy lejos de los acuerdos alcanzados", que no permitieran por ejemplo la libertad de elección de las personas, justificándolo con una obligación surgida de una interpretación errónea del dictamen del Consejo Jurídico Consultivo.

Por todas estas razones, Aerte solicita a la Consejería de Bienestar Social una reunión para desbloquear la situación y de cara a agilizar la firma y puesta en marcha de este acuerdo marco, desarrollando así un sistema de plazas concertadas que beneficia a todos los centros y, sobre todo, a las personas.