La
Atención Primaria se enfrenta a un futuro incierto en opinión de sus profesionales y portavoces. Los desajustes vividos durante los dos años de pandemia no suponen ninguna novedad para ellos, ya que sus reivindicaciones son anteriores a la llegada del coronavirus. De no poner medidas urgentes, este nivel asistencial podría llegar al límite e incluso desaparecer en menos de una década.
La falta de personal es la raíz y a la vez el resultado de muchas de estas demandas. Unas condiciones laborales poco atractivas no animan a las nuevas generaciones a
apostar por la Atención Primaria, lo que hace que el sector esté notablemente envejecido y el
relevo generacional sea cada vez más complejo.
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Unas complicaciones que, inevitablemente, se intensifican en el
medio rural. Los núcleos de población dispersos dependen en muchas ocasiones de este tipo de asistencia y requieren un mayor despliegue de medios materiales y humanos. Sin embargo, desde el comienzo de la pandemia el cierre de consultorios locales ha complicado aún más la situación asignando mayor población a aquellos que permanecen abiertos con un menor número de trabajadores.
Brecha salarial entre Atención Primaria y hospitalaria
Pero, ¿qué aleja a los profesionales de los centros de salud? Fundamentalmente la
precariedad laboral frente a los hospitales. A una
menor remuneración, hay que añadirle la
temporalidad e inestabilidad de los contratos y una capacidad de decisión más limitada en el caso de las enfermeras.
La solución es más que evidente para quienes viven en primera línea todas estas trabas: una mayor inversión por parte de las autoridades. Los
Presupuestos Generales del Estado (PGE) han destinado
176 millones de euros a la Atención Primaria, que controlarán casi en su totalidad las Comunidades Autónomas. Un importe que apenas supone la décima parte de los de 1.739 millones de euros destinados a la Sanidad Pública.
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