Víctor Áznar es el presidente del Sindicato de Enfermería, Satse
Han transcurrido tres años desde que la Unión Europea nos pidió que nos tomáramos en serio la prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en los centros sanitarios, y, como cualquier alumno mal aplicado, hemos esperado hasta el último momento para hacer los deberes e intentar pasar el examen.
Será en este mes de mayo cuando previsiblemente se publique la Orden que adapta a la legislación estatal la Directiva2010/32/UE, sobre prevención de este tipo de lesiones, coincidiendo con el fin del plazo límite marcado.
No hablamos de un tema menor en ningún caso. El Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (INHST) reconoce que, en el caso de los profesionales sanitarios, los cortes o pinchazos representan el 50% de los riesgos de accidentes en el puesto de trabajo, y, según datos de 2010, este tipo de lesiones afectan a más de 1,2 millones de trabajadores sanitarios europeos, siendo los profesionales de enfermería implicados el 46% del total.
Unos pinchazos o cortes que conllevan una alta posibilidad de contagio de más de 20 virus potencialmente mortales, entre ellos los de la hepatitis –tanto B como C– o del Sida, entre otras enfermedades transmisibles.
Han transcurridos tres años, decía, y España aún carece de una normativa estatal que regule las actuaciones a realizar. Durante este tiempo se ha hecho caso omiso a estudios independientes en Europa y otras partes del mundo que demuestran que la combinación de una formación adecuada, prácticas más seguras en el trabajo y el uso de material sanitario que incorpore dispositivos de seguridad pasiva ante lesiones cortopunzantes, puede prevenir más del 80 por ciento de estas lesiones.
La mayoría de las Comunidades Autónomas tampoco han legislado por su cuenta al respecto, y se sigue dejando a la suerte, o en el mejor de los casos a la pericia del profesional, el que éste evite un corte o un pinchazo.
Se sigue pensando también que gastar en prevención es tirar el dinero, ignorando, en la mayoría de los casos, los costes que supone, por ejemplo, la realización de pruebas tras un accidente laboral de este tipo y que pueden ir desde los 80 euros (si el accidentado tiene todas las vacunas al día) hasta los 1.100 euros, sólo en pruebas, si no está vacunado, por ejemplo, de hepatitis.
A estas cifras, elevadas teniendo en cuenta el coste de un instrumento seguro, habría que añadir el coste económico de la sustitución del personal (si necesita de baja médica) y el tratamiento al que debe ser sometido que le puede inhabilitar para el trabajo durante meses.
Todo profesional sanitario debe estar bien formado y dotado de los recursos adecuados si se quiere reducir e intentar eliminar el riesgo de heridas o infecciones en el ejercicio profesional. Debe existir una verdadera y eficaz cultura de la prevención que se traduzca en un código de buenas conductas cuyo principal promotor ha de ser, en primera instancia, la administración o empresa sanitaria responsable.
Si las buenas prácticas surgen de la administración, de la empresa, el trabajador verá cómo le resulta más fácil implicarse que ignorarlas ya que, entonemos un mea culpa, en ocasiones los accidentes se producen por falta de celo del propio profesional que, en la mayoría de las ocasiones, antepone la atención al paciente a su propia seguridad.
No hay tampoco que olvidar, tal y como recoge un estudio publicado en ‘Medicina y Seguridad del Trabajo’ elaborado por la enfermera María Clemente Yélamos (autora principal), que el primer motivo de accidente no es otro que “el apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado o realizar la maniobra con posturas incómodas”, hecho éste que evidencia una mala organización del trabajo, y que está en nuestra mano mejorar.
En definitiva, y como recoge el texto normativo europeo, el objetivo general no debe ser otro que lograr un entorno de trabajo lo más seguro posible, desde el convencimiento de que la salud y seguridad de los trabajadores es fundamental y está estrechamente vinculada a la salud de los pacientes, formando la base de la calidad de los servicios prestados.
Por ello, esperamos que la legislación española contemple finamente actuaciones eficaces y efectivas, establezca sanciones a aquellos que incumplan o vulneren los protocolos de actuación e información, y marque, además, plazos concretos para su desarrollo y aplicación.
Confiemos en que el alumno mal aplicado finalmente apruebe el examen de mayo, porque lo que está en juego no es el mero hecho de “cubrir el expediente”, sino la seguridad y salud de muchos profesionales, especialmente de Enfermería.