Recortes a pacientes y criterio clínico

Cada año asistimos a la perversa situación que constituye la firma de acuerdos de gestión entre el Director Gerente de cada centro y el  Director/a de cada Unidad de Gestión Clínica (UGC). En dichos acuerdos se establecen los múltiples recortes a los pacientes, tanto si son atendidos en el Centro de Salud como si lo son en los Hospitales, determinándose con ello los objetivos de recortes a pacientes que han de ser alcanzados cada año para garantizar entre 12.000 y 14.000 euros anuales por productividad a los Directores de dichas UGC. Por cierto, recortes de los que no se informa ni a los pacientes ni a sus familiares; simplemente se aplican por imposición del Director de la UGC, -la inmensa mayoría Médicos en los Centros de Salud y el 100 por ciento en los Hospitales-. Recortes,  donde la prioridad  es el criterio económico y no el criterio clínico del profesional. Pues la autonomía y capacidad de decisión del profesional en lo referente a los problemas de salud del paciente y como abordarlos ha quedado supeditada a los criterios económicos del coste de la actuación asistencial y profesional que requiera cada paciente y ciudadano.

En este sentido, se establecen recortes tan claros y perversos como derivar menos pacientes al Hospital, pertenecientes a las especialidades de Medicina Interna, Traumatología o Rehabilitación; Recetar menos medicamentos; Pedir menos pruebas diagnósticas; No recetar medicamento para reducir el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares a pacientes de más de 75 años; Ingresar menos pacientes con insuficiencia cardiaca en el Hospital; No realizar densitometrías oseas  a mujeres menopáusicas para valorar el riesgo de fractura osea; No realizar la prueba de analítica en sangre de PSA a pacientes, como medida de prevención del cáncer de próstata; Enviar menos pacientes al Oftalmólogo; Reducir un 33 por ciento los días de ingreso en el Hospital de pacientes con angina de pecho; Ingresar menos pacientes en el Hospital por Trombosis Venosa Profunda; Utilizar menos hemoderivados para reducir coste; Enviar menos pacientes de Salud Mental desde el Centro de Salud al Hospital; Dejar de hacer Eco/Dopplex a embarazadas de bajo riesgo; Reducir el número de pacientes que se ingresan para estudiar un hígado Metastásico; Ingresar menos pacientes por amputaciones mayores de miembros inferiores; Incrementar de 3 a 6 meses los controles de inmunidad a pacientes infectados de VIH, para reducir un 10 por ciento los costes anuales por paciente; No ofertar radioterapia a los pacientes con cáncer de mama, tras ser matectomizadas de manera precoz, etc.

Estos son algunos de los recortes a los pacientes, impuestos en las distintas Unidades de Gestión Clínica y recogidos por escrito en un documento anual que firma el Director Gerente de cada Hospital o Distrito Sanitario y el Director/a de cada Unidad de Gestión Clínica, convirtiéndose dichos recortes  en el eje central de la actividad diaria de atención a pacientes y ciudadanos en general, tanto en los Centros de Salud como en los Hospitales de la provincia de Córdoba y el conjunto de Andalucía.

Es evidente que el criterio clínico y la autonomía profesional se han rendido y puestos al servicio de los  criterios económicos, afectando negativamente, en mi opinión de manera tóxica e inaceptable a la resolución de los problemas de salud que presentan los pacientes y donde queriendo o sin querer, se ha impuesto una forma de atención sanitaria para intentar resolver las necesidades del paciente, que se aleja de cualquier atisbo de cercanía  y humanidad hacia el mismo, y donde lo primero no es el paciente y sus necesidades, si no la ejecución de recortes perversos para alcanzar objetivos económicos, que no clínicos ni de respeto a los derechos de los pacientes.

Por último expresar mi absoluta sorpresa y perplejidad ante la decidida participación activa del colectivo Médico ( salvo honrosas excepciones  que por cierto son castigados por ello), en este proceder, y su plena disposición a renunciar tan fácilmente al criterio clínico y autonomía profesional, para beneficiar y potenciar los criterios económicos impuestos por el Director de la Unidad de Gestión Clínica, llevándose por delante derechos de pacientes y pervirtiendo el sistema sanitario público en la provincia de Córdoba y Andalucía, donde quién más pierde inequívocamente son los pacientes y ciudadanos que necesitan ser atendidos en cualquier Hospital o Centro de Salud perteneciente al sistema sanitario público de la provincia de Córdoba y Andalucía.