La Fadsp y los servicios sanitarios

Hace unos días, los medios de comunicación recogían las conclusiones del XII Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) Los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas. La Fadsp clasifica a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas en cuatro grupos (“mejores”, “regulares”, “deficientes” y “peores” en función de cinco criterios: “Financiación, recursos y funcionamiento” (diez indicadores), “política farmacéutica” (tres indicadores), “valoración de los ciudadanos” (seis indicadores), “listas de espera” (tres indicadores), y “privatización sanitaria” (dos indicadores y dos criterios).
 
A cada indicador se le otorga de 1 a 4 puntos y a los criterios 1 ó 0 puntos. La sistemática empleada para calificar a los servicios de salud es,  desde mi punto de vista, completamente inadecuada e invalida la calificación y clasificación obtenida por las comunidades autónomas. Anotaré brevemente algunas razones en las que me apoyo:

1. El informe no se acompaña de una ‘ficha técnica’ que permita conocer la ‘cocina’ de algunos indicadores (resulta intrigante la utilización del coste del alta hospitalaria utilizando las UPAS, una antigua medida que creamos como instrumento para elaborar los presupuestos de los hospitales antes de la implantación de los GRD) y –menos aún– los criterios de ponderación. ¿Por qué los indicadores elegidos?; ¿qué relación tienen con la salud y la calidad de vida de los ciudadanos o con la calidad y eficiencia en el funcionamiento de los servicios sanitarios?

2. La FADSP no utiliza ningún indicador de resultados, incluyendo los relativos a la calidad, que no sea la satisfacción de los ciudadanos, salvo la tasa de cesáreas. La práctica totalidad de los indicadores de Financiación, recursos y funcionamiento se refieren a estructura.

Desde los trabajos de Cochrane (https://www.nuffieldtrust.org.uk/sites/files/nuffield/publication/Effectiveness_and_Efficiency.pdf) es bien conocido que, en los sistemas sanitarios de los países desarrollados, no existe una relación causal entre recursos y resultados, interviniendo otros factores. Cuando se compara a nuestro país con otros europeos con servicios nacionales de salud, tenemos más médicos (especialistas y generales), más TAC y aproximadamente la misma tasa de camas de hospitales de agudos por mil habitantes.

El reto para nuestra sistema es la adecuada utilización de estos recursos (la mayor parte de quirófanos se utilizan en un horario restringido a las mañanas de los días laborables y el rendimiento de los equipos de imagen es, en la sanidad pública, generalizadamente bajo) y “más”, para la mayor parte de los indicadores utilizados por la Fadsp, no es precisamente “mejor”.

3. La no utilización de indicadores de calidad y resultados por parte de la Fadsp no puede atribuirse a que no existan. Aunque la información comparada sobre el desempeño de los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas sea precaria, el sistema de información del Sistema Nacional de Salud proporciona datos muy relevantes sobre la calidad y el funcionamiento de los servicios de salud, especialmente en relación con el funcionamiento de los hospitales.

La Fadsp sencillamente ignora los datos de mortalidad (global y para algunas patologías, ajustadas por edad y sexo), complicaciones, etc. que el iCMBD proporciona por comunidad autónoma. Caso omiso hace, asimismo, de los informes de algunas sociedades científicas que, como en el caso de la Sociedad Española de Cardiología, ha publicado las tasas de mortalidad intrahospitalaria ajustada por riesgo en el infarto agudo de miocardio por comunidades autónomas.

No es, desde luego, el número de camas lo que guiará mi elección de un hospital si me tuvieran que tratar de una cardiopatía isquémica y el criterio de elección de hospital cuando mi madre se rompió la cadera fue el que menor estancia media tenía para esta patología.

4. En aras de la brevedad haré solamente dos comentarios finales. La Fadsp considera “privatizada” la gestión pública a través de fundaciones o empresas públicas. No solamente elude cualquier conceptualización de lo que privatización significa (Mills A, Vaughan JP, Smith AI, Tabizadeh. Health system decentralization. Geneve: WHO, 1990) sino que obvia que esas formas de gestión pública se han mostrado más eficientes y con la misma o mayor calidad que las burocrático-administrativas (Evaluación de resultados de los hospitales en España según su  modelo de gestión. Iasist, 2012).

5. Por último, llama la atención que la Fadsp, que se queja –en parte, con razón– de la escasa disponibilidad de datos, no haga una sola referencia a la iniciativa de las comunidades autónomas de Cataluña y Madrid por poner a disposición de todos (ciudadanos y profesionales) sus respectivos observatorios de resultados. Este esfuerzo por la transparencia merece, con seguridad, algún reconocimiento e incentivar su generalización.
 
Se necesita un sistema estructurado de información que permita comparar el desempeño de los servicios de salud de las comunidades autónomas y sus datos deben ser públicos. Los indicadores que miden la calidad de los servicios deben responder a los objetivos de los ciudadanos y tener una sólida base científico-técnica para lo que deberán colaborar administraciones públicas, entidades científico-médicas y ciudadanas. El informe de la Fadsp desafortunadamente no contribuye al logro de estos objetivos.

Por Francisco Javier Elola Somoza, director de Elola Consultores y de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria.