Prescripción médica, seguridad clínica y responsabilidad profesional: cuando las ocurrencias sustituyen al rigor

Las recientes declaraciones del presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Farmacia, Antonio Luis Doadrio, en el Diario Hoy de Extremadura, invitan a una reflexión serena, pero también firme. No tanto por la necesidad de debatir —siempre saludable cuando se hace con rigor—, sino por la preocupación que suscita escuchar propuestas tan apresuradas y conceptualmente incongruentes formuladas desde una voz institucionalmente autorizada y con una trayectoria científica indiscutible.

Resulta especialmente llamativa, y difícilmente defendible, la idea de que sean los farmacéuticos quienes elaboren las recetas a partir de las indicaciones del médico. Presentada como una propuesta innovadora, esta afirmación ignora un principio básico de la práctica clínica: la prescripción es un acto médico indivisible del diagnóstico, de la valoración clínica integral del paciente y de la responsabilidad sobre la evolución del tratamiento. No es un trámite posterior ni una operación técnica delegable sin consecuencias.

Quien diagnostica es quien prescribe. Y quien prescribe asume una responsabilidad clínica, ética y legal que no puede fragmentarse sin poner en riesgo la coherencia del proceso asistencial. La prescripción no se limita a elegir un fármaco; implica decidir dosis, duración, alternativas terapéuticas, seguimiento y reevaluación continua. Separar artificialmente estas decisiones del acto médico no fortalece el sistema sanitario, lo desestructura.

Los farmacéuticos desempeñan una función esencial y complementaria: la dispensación, la custodia del medicamento, el control de posibles interacciones, la educación sanitaria y la colaboración permanente con el médico cuando surgen dudas o incidencias. Precisamente porque su papel es clave, resulta incomprensible intentar redefinirlo a partir de una sustitución de competencias que no responde a ninguna necesidad real ni a ninguna evidencia que la avale.

Aún más desafortunada es la afirmación de que los médicos residentes desconocen las interacciones medicamentosas, insinuando de forma implícita un déficit de seguridad clínica en el ámbito hospitalario. Este tipo de comentarios, además de incorrectos, resultan profundamente injustos para un colectivo que se forma en uno de los sistemas de especialización más exigentes y reconocidos internacionalmente.

Los residentes no actúan de manera aislada ni improvisada. Trabajan bajo supervisión, siguiendo protocolos clínicos, guías terapéuticas y con el respaldo continuo de especialistas sénior y de los servicios de farmacia hospitalaria. Sugerir lo contrario no solo carece de fundamento, sino que transmite a la ciudadanía una imagen errónea y alarmista del funcionamiento real de los hospitales, generando desconfianza donde no debería existir.

Lo verdaderamente triste es que este tipo de ideas, formuladas con ligereza, provengan de alguien que ocupa posiciones de alta responsabilidad académica e institucional. Porque cuando las voces autorizadas sustituyen el análisis riguroso por propuestas rápidas y alocadas, el daño no es solo conceptual: se confunde a la población, se banalizan cuestiones complejas y se empobrece el debate público en salud.

Conviene subrayar, no obstante, que no todas las posiciones expresadas merecen crítica. La contundencia con la que se rechaza la homeopatía es plenamente compartida por la Organización Médica Colegial. De hecho, fue la propia OMC la que impulsó la creación del Observatorio contra las Pseudociencias, con el objetivo de alertar sobre prácticas carentes de evidencia científica que pueden retrasar diagnósticos y tratamientos eficaces.

Ese enfoque debería ampliarse. El verdadero reto no es solo señalar la ineficacia de la homeopatía, sino exigir evidencia científica a todos los productos que se comercializan en farmacias. Más allá de las cremas cosméticas, preocupan especialmente los mensajes pseudocientíficos: suplementos que prometen recuperar la memoria, productos milagro que aseguran rejuvenecimientos imposibles o soluciones rápidas sin respaldo clínico alguno. Ahí es donde debería centrarse el interés científico y regulador.

Desde el respeto institucional y personal, y precisamente por la relevancia de la posición que ocupa el profesor Doadrio, además de este artículo he considerado oportuno dirigirle una carta personal, manifestándole mi preocupación, como presidente de la Organización Médica Colegial, por este tipo de declaraciones y por el impacto que pueden tener en la percepción social de la práctica médica y de la seguridad clínica.

La sociedad necesita mensajes claros, responsables y basados en conocimiento sólido. No ocurrencias llamativas ni propuestas que desdibujan competencias profesionales consolidadas. El respeto entre profesiones sanitarias y la colaboración leal se construyen desde el rigor, no desde la confusión.