Siria encamina su quinto año consecutivo de guerra civil y países cercanos como
Egipto son un foco de atracción para aquellos que escapan del horror. En
su último reportaje,
El País analiza cómo viven los refugiados sirios en
El Cairo y de qué manera les afecta la política de inmigración que aplica este Gobierno (incluyendo la relativa a sanidad).
Desde 2013, y tras ser derrocado el presidente islamista
Mohamed Morsi, la llegada de sirios a Egipto se ralentizó considerablemente, ya que el país cambió radicalmente su política de puertas abiertas, informan los periodistas
Ricard González y Mohamed Effat. Esto implica que, a partir de ese momento, los refugiados procedentes de Siria necesitan un visado para entrar al país, que raramente les conceden. Pero no solo eso. Una vez dentro del país, la Administración debe replantearse cómo afrontar el acceeso a los servicios públicos de este colectivo.
Tras la llegada de
Abdelfatah Al-Sisi, Egipto ha mantenido la política de
acceso gratuito a la educación y a la sanidad a través de ayudas públicas. Esto significa que los ciudadanos que residan en Egipto de forma ilegal tienen
acceso a los servicios públicos básicos. Sin embargo, algunos refugiados consultados por ese medio de comunicación aseguran que
estas ayudas son insuficientes y que, en algunos casos, no sirven para costear el tratamiento a los enfermos y pagar otro tipo de gastos.
En
España, por el contrario, el acceso a la sanidad por parte de este colectivo se da de forma desigual entre las comunidades autónomas. Las que más han avanzado en este sentido son
Comunidad Valenciana o Andalucía, que ya han empezado a mover sus fichas para atender a los refugiados en sus respectivos servicios de salud autonómicos. El sector sanitario se ha volcado ante este problema (como la
Organización Médica Colegial o los diferentes colegios provinciales), que se han ofrecido para participar en las comisiones y las redes de acogida a través de
un ‘ejército’ de voluntarios.
Se espera que España homogeneice esta situación en un corto espacio de tiempo y pueda
reubicar a los 25.701 refugiados, para los que el Gobierno ha destinado
1,75 millones de euros.
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