El grupo hospitalario Pascual tiene en Andalucía su principal campo de desarrollo. Gracias a seis centros repartidos por las provincias de Cádiz, Málaga y Huelva, Pascual es un socio habitual de la Junta de Andalucía en la prestación de servicios sanitarios. En ocasiones, la manera en la que el grupo se ha relacionado con el sistema público ha resultado ciertamente controvertida. Ahí está el ejemplo de la polémica de hace años con la Junta de Extremadura a cuanta del Hospital de Zafra. En el fondo del problema aparece un interesante debate sobre la planificación sanitaria y hasta qué punto puede una empresa privada influir en una tarea exclusivamente pública.
Hoy, eldiario.es, periódico digital liderado por Ignacio Escolar, lleva la siguiente noticia en su home: La empresa con el mayor concierto sanitario de Andalucía presiona al SAS para conservarlo intacto. Y añade estos dos destacados: La compañía, con seis hospitales en Cádiz, Huelva y Málaga, rechaza una reducción del 2,3% en su factura anual propuesta para renovar el convenio con el Servicio Andaluz de Salud y Los más de 2.000 trabajadores de la concesionaria, tensionados por los mensajes de la dirección, han iniciado movilizaciones ante el temor a perder sus empleos.
En la información, firmada por Jorge Garret, se explica que las versiones aportadas desde la Consejería andaluza y la empresa son contradictorias. La Administración sostiene que ha propuesto a Pascual una reducción del 2,3% sobre las cantidades que ha percibido hasta ahora en pago por la prestación de servicios, aunque no ha detallado a cuánto asciende esta factura. Según la Administración, todos los convenios con las seis empresas (16 centros hospitalarios) que prestan asistencia sanitaria concertada al SAS se han renovado a la baja en los últimos meses a causa de la reducción del presupuesto destinado a este fin "sin que esto haya afectado al empleo, a la calidad de la asistencia ni a la cartera de servicios que se presta". Pascual, sin embargo, se niega a que se modifiquen estas condiciones.
De momento, la Administración ha decretado una prórroga de dos meses en el concierto según la Ley de Contratos del Sector Público mientras se negocian las nuevas condiciones.