El periódico digital eldiario.es se ha hecho eco de un estudio inédito acerca de la intoxicación a largo plazo por exposición al amianto, un material utilizado como aislante en las fábricas que no se prohibió en España hasta 2002.
Según indica el firmante de la información,
José Precedo, una revista especializada japonesa,
Industrial Health, publicará en breve una investigación al respecto que desvela
el daño económico para la sanidad pública española derivado de no haber prohibido antes el amiento en las cadenas de producción de las industrias (aparte del coste en vidas humanas, que el periodista se guarda en señalar como lo más importante).
Solo en cinco años,
de 2007 a 2011, el Gobierno de España registró
1.297 muertes atribuibles al mesotelioma pleural, el tipo de tumor asociado a la inhalación de amianto en una muy elevada proporción porcentual. Y,
entre 2004 y 2011, las arcas públicas destinaron
464 millones de euros para tratar a esta clase específica de enfermos.
Si las cosas se hubieran hecho de otra manera, con un estricto servicio de prevención de riesgos laborales en cada empresa, pública o privada, tal vez esos fallecimientos no habrían tenido lugar y, desde luego,
la factura económica para todos los ciudadanos habría resultado menor. Cuando se habla de gestión sanitaria coste-eficiente no se alude a algo muy diferente al
esfuerzo por preservar la salud de las personas, y eso es algo que las autoridades del ramo no deben perder de vista.
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