El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado en marzo de 2013 por más de 50 senadores del PSOE contra la ley madrileña que permitía la privatización de la gestión de seis hospitales, lo que ha vuelto a poner en el candelero el proceso de externalización que hizo correr ríos de tinta y se cobró el puesto del por entonces consejero de sanidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty.
De las principales cabeceras, la única que utiliza información de agencia es
El Mundo, en una noticia de EFE que titula
El TC concluye que la gestión indirecta no cuestiona el carácter público de la Seguridad Social y recoge que el alto tribunal considera que la Carta Magna no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa, por lo que avala el artículo 62 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
Por su parte,
El País, en una información firmada por Elena G. Sevillano, titulada
El Constitucional avala la ley que inició la privatización sanitaria, donde destaca que el tribunal concluye que el texto legal únicamente abre la puerta a la posibilidad de que sean empresas privadas las que lo hagan, pero no es “un imperativo”. Y recuerda que la legislación estatal permite desde 1997 otras formas de gestión en el sistema nacional de salud.
ABC titula
El Constitucional desestima el recurso del PSOE contra la externalización sanitaria, la información de S.L. y hace hincapié que el TC expone que el carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o de responsabilidad privadas.
Por último,
La Razón explica que
La Justicia avala la privatización de la gestión de los hospitales, la noticia de F. Velasco e incide en que es un “varapalo en toda regla el que ha infligido el Tribunal Constitucional al PSOE al avalar la plena legalidad de la decisión que adoptó la Comunidad de Madrid en diciembre del año 2012 de privatizar la gestión de los hospitales públicos Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Tajo, una iniciativa impulsada por el presidente, Ignacio González, que suponía un ahorro a las arcas públicas de cerca de 200 millones de euros y que fue refrendada por la Asamblea”.
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