Hipotecados por la hepatitis C

La prolongada negociación que están librando el Ministerio de Sanidad y Gilead por el precio y financiación de sofosvubir  (Sovaldi), medicamento que sirve para tratar la hepatitis C, está conduciendo a la desesperación a los pacientes en los estadíos más avanzados de la enfermedad.

Tal es la situación que nueve pacientes, según informa El País, han decidido pagar de su propio bolsillo el precio que pide la compañía estadounidense por el medicamento. Este es el caso de Gerardo, nombre ficticio de un paciente que optó por endeudarse por obtener el fármaco. “En 20 días, después de haber entregado su informe médico, tenían la autorización. Las pastillas tardaron dos días más en llegar. Por un mes de tratamiento pagaron 17.000 euros. La terapia, en su caso, dura tres. No les quedó más remedio que recurrir a un banco para financiarse”, explican Maribel Marín y Elena G. Sevillano.

Mientras, en una tribuna publicada también en la cabecera del Grupo Prisa, se advierte de la “paradoja perversa” que genera un fármaco con una tasa de curación tan alta, pero con un coste tan elevado. “A pesar de haberse conseguido lo mas difícil, es posible que el factor que impida el acceso a estas eficaces pautas de tratamiento sea el precio de los nuevos fármacos (...). En Europa se ha señalado que el precio de sofosbuvir rondará los 60.000 €. Pero el coste del régimen completo por paciente será sustancialmente mayor, dado que a ese fármaco debe añadirse otro u otros para completar una pauta eficaz como las que se han publicado en el presente año. Ese coste tan excesivo hace imposible la adquisición individual de los fármacos para la mayoría de los pacientes y es difícilmente asumible por sistemas sanitarios de financiación pública como el español, dado que hay que tratar a decenas de miles de personas”, advierten M. Torres, A. Vergara y J. M. Cisneros, sus autores.

Por todo esto consideran “imprescindible una disminución del precio de los medicamentos necesarios para tratar la hepatitis C, de manera que este tratamiento sea asumible por el Sistema Sanitario Público y pueda ser administrado a todos los pacientes que lo necesiten, independientemente de las posibilidades económicas de los mismos y sin ningún coste individual para cada persona enferma. Sería también un hito, ahora en sentido negativo,  que hoy en nuestro país, muchos pacientes no tuvieran acceso a un tratamiento curativo por razones de coste. Una inaceptable distancia entre lo legal y lo justo”.