Galicia se despierta hoy con informaciones sobre un proyecto de ley de garantías de prestaciones sanitarias que dejan al paciente en una difícil tesitura: o paga su propia atención en un centro privado o espera a que el sistema público le atienda. No cabe duda que, de esta manera, garantizar la asistencia en un tiempo máximo siempre es más sencillo.
Para La Opinión la noticia es la segunda más importante del día: Los pacientes que el Sergas no atienda en plazo adelantarán el pago si van a la privada. Y añade en el subtítulo: Sanidade les reembolsará el dinero de la intervención si se rebasan los tiempos máximos de espera establecidos. También El Faro de Vigo recoge el tema en su portada con un titular prácticamente calcado.
¡Están las administraciones públicas -cualquiera de ellas, no sólo la gallega, para reembolsar gastos adelantados por particulares! Ciertamente, el propósito es bueno, pero la situación no invita a pensar que se pueda llevar a cabo. Las críticas no se han hecho esperar. La Asociación de Hospitales Privados denuncia que el paciente deba anticipar los gastos, porque se discriminará a aquellos que tengan menos recursos. Al Sindicato de Enfermería le parece directamente mal que el sistema público renuncie a atender en tiempo –y en forma, se entiende-, y deba recurrir a la privada. La Conselleria aclara que la opción de ir a la privada es “la última garantía”, con lo que entiende que siempre podrá atender antes de esa demora máxima de 60 días para intervenciones quirúrgicas y 45 días para cita médica o prueba diagnóstica.
En Alicante, el diario Información parece quejarse por las consecuencias del Real Decreto 16/2012, que introdujo cambios en el aseguramiento sanitario, entre otras medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema. Titula así: Diez mil abogados y arquitectos de la provincia tendrán sanidad gratis. Y añade: La prestación supondrá un desembolso anual de más de seis millones de euros. Para rematar el tema con la inquietante comparación: El mismo decreto que excluye de la sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular permite la entrada de 10.000 profesionales liberales. ¿Quién merece más la sanidad pública? Los inmigrantes irregulares o los profesionales liberales? El diario Información lo tiene claro.