Más control sobre las bajas. Así abre su edición del lunes el económico Cinco Días. Y subtitula: El 60 % de las altas propuestas no son ni consideradas por la sanidad pública y Empleo descarta que las mutuas tengan el control de todos los procesos, como ya adelantó Redacción Médica hace unos meses.
Según el diario económico, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal (5.830 millones previstos este año) –que se destina fundamentalmente a pagar a los trabajadores las bajas laborales por enfermedad – lleva varios años a la baja, con descensos interanuales incluso superiores al 10 por ciento. Sin embargo, en épocas de vacas flacas esto puede no ser suficiente para quienes cuadran el Presupuesto. De hecho, el Gobierno quiere acotar aún más este gasto. Para ello introducirá cambios en la futura ley de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que, en cierta forma, dará más poder a los facultativos de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social a la hora de gestionar estos procesos de baja, según fuentes conocedoras de la intención del Gobierno.
Se tratará de incluir en esta futura ley “mejoras burocráticas”, según estas mismas fuentes, que en ningún caso incluirán la principal demanda de las mutuas, que es que sus facultativos puedan dar el alta médica de los trabajadores en los procesos de baja por enfermedad común; ya que en la actualidad, solo pueden dictaminar este alta en las bajas producidas por un accidente laboral o enfermedad profesional reconocida.
Por otro lado, El Día de Valladolid titula en su primera página: Sacyl establece en Valladolid la jubilación forzosa del 22% de los médicos hasta 2020, y subtitula: Sanidad cuenta con que 1.760 profesionales sanitarios cumplirán 65 años durante la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos y 388 serán facultativos.
El rotativo pucelano da cuenta de los cálculos de la Consejería de Sanidad: serán 388 los profesionales que tengan que poner fin a su actividad profesional, 83 en el Hospital Universitario Río Hortega, 113 en el Hospital Clínico Universitario, 95 en la Gerencia de Atención Primaria de la zona este y 97 en la zona oeste. No obstante, este Plan afecta a todos los profesionales sanitarios, de modo que la cifra de afectados asciende a 1.760 si se tienen en cuenta a enfermeros, auxiliares, etcétera.