Una estrategia política que ha dado tan buenos resultados no puede ser abandonada de la noche a la mañana. Eso parece pensar, legítimamente, el PSOE en la Comunidad de Madrid, que no quiere que la amenaza de
privatización de hospitales públicos y las mareas blancas que se formaron para defender el modelo clásico de gestión pasen a formar parte del pasado. En realidad, querría llevar ese estado de opinión a las puertas de las elecciones autonómicas de 2015. Eso mantiene la tensión, que diría el ex presidente Rodríguez Zapatero. Y en el terreno mediático,
El País toma buena nota.
La información que hoy publica el diario de Prisa en su sección de Madrid es un claro ejemplo de su propósito por mantener vivo el mensaje de
privatización sanitaria, cueste lo que cueste. Hoy recurren, otra vez, al que ya solo es un ex alto cargo: Antonio Burgueño.
El ideólogo de la privatización hospitalaria, fichado como asesor de la sanidad pública. La información, firmada por José Marcos, insiste en presentar a Burgueño como el impulsor de la privatización, con lo que, al mantenerse en la Consejería, el peligro se mantendría: “La permanencia de Burgueño en la Consejería de Sanidad contradice el perfil conciliador del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Tras jurar el cargo el 28 de enero, el reemplazo de Lasquetty ha dedicado buena parte de su tiempo a mejorar las maltrechas relaciones con los profesionales del sector. Estas estaban mermadas tras 15 meses de conflicto. Rodríguez no oculta un cambio de discurso que resulta en cierto modo contradictorio tras la defensa cerrada que el nuevo consejero realizó de la privatización en su etapa como portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea”.
Y remacha la crónica con una impresión claramente subjetiva: “La presencia de Burgueño emborrona el nuevo perfil [del consejero], más amable, por el que ha apostado el Gobierno de Ignacio González a 15 meses de las elecciones autonómicas”. Total, que aunque se haya distanciado públicamente del proyecto de externalizar la gestión de los hospitales, el consejero Rodríguez es para El País una amenaza privatizadora.
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